Los fiscales del procés desafían al Fiscal General y rechazan amnistiar la malversación
Señalan que la investigación por enriquecimiento y la presunta afectación a fondos europeos impide que se pueda aplicar
Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que llevan los casos relacionados con el Procés han señalado en un escrito al que ha tenido acceso El Debate que «los hechos a los que se refiere este procedimiento eran amnistiables en lo que concierne a los constitutivos de desobediencia y desórdenes públicos, pero no lo eran por el contrario los hechos constitutivos de malversación de fondos públicos».
En un escrito remitido tras el plazo de cinco días que este martes les dio el fiscal general, Álvaro García Ortíz, para que elaboraran «un informe procesal» sobre la aplicación de la ley de amnistía que ese mismo día entró en vigor, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, señalan que la propia «ley de amnistía impide la aplicación de tal medida al delito de malversación objeto de esta causa», puesto que una de las excepciones de aplicación de la amnistía a la malversación es «que no haya existido propósito de enriquecimiento».
En exclusiva, las razones jurídicas de su informe
Los fiscales del procés se oponen a la Amnistía para Puigdemont y sólo ven viable aplicarla a los Jordis
De igual modo, señalan los fiscales que «los hechos objeto de esta causa tampoco pueden ser amnistiados al estar excluidos de la aplicación de la ley por afectar a los intereses financieros de la Unión Europea».
En el documento, los fiscales defienden que es «indudable» que Puigdemont, los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros condenados Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa «sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España».
Aviso a García Ortiz
No obstante, en su informe, avisan al fiscal general, Álvaro García Ortiz, de que si no está de acuerdo con su criterio y considera que sí debe aplicarse la ley de amnistía a dichos encausados «deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada». Y si ni aún así el fiscal general admite el documento de los fiscales del Supremo, acudirán a la Junta de Sala, tal y como establece su reglamento, para que resuelva el conflicto.