Feijóo desoye el ultimátum de Sánchez mientras los suyos debaten si debe o no pactar el CGPJ

Alberto Núñez Feijóo está decidido a sacudirse la presión sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que la semana pasada Pedro Sánchez le diera un ultimátum: o cierran un pacto a lo largo de junio o reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial junto a sus socios parlamentarios, le amenazó desde TVE.

Desde el equipo del líder del PP trasladan que no han llegado hasta aquí -ya son más de cinco años y medio de bloqueo- para ahora dejarse amedrentar por el presidente. Un presidente que, según ellos, respira por la herida del caso Begoña y que necesita desviar la atención de las nuevas concesiones que está negociando con ERC para lograr la investidura de Salvador Illa.

«O hay un buen acuerdo o no habrá acuerdo», subrayan en Génova 13. Y ese acuerdo pasa, según el principal partido de la oposición, por donde ha pasado siempre: están dispuestos a renovar el órgano de gobierno de los jueces si, en paralelo, Sánchez les da «garantías» de que inmediatamente después habrá una reforma del sistema de elección para que los jueces tengan mayor capacidad de decisión sobre los nombramientos.

Dos visiones distintas

La amenaza de Sánchez, que está dispuesto -o afirma estarlo- a despojar al futuro CGPJ de su capacidad para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia, ha reabierto el debate entre los populares. Con el ciclo electoral finalizado, al menos por el momento, en el partido hay dos posturas.

Por un lado están quienes creen que un acuerdo con Sánchez puede reforzar la imagen de hombre de Estado de Feijóo, que evitaría así un 155 del presidente sobre el CGPJ. Y mejor aún si la entente incluyera otros nombramientos, como el del gobernador del Banco de España, cuyo mandato ha terminado este mes. Ayer mismo, el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, Luis de Guindos, conminó a populares y socialistas a pactar el sustituto de Pablo Hernández de Cos, como se ha hecho tradicionalmente.

Pero por el otro lado están quienes consideran que cualquier pacto con Sánchez es corrosivo, dado que lo usaría para legitimar sus ataques a la independencia del poder judicial. Máxime en plenas tensiones por la aplicación de la ley de amnistía, como está quedando de manifiesto en la Fiscalía.

En esta última tesis está también el presidente de Vox, Santiago Abascal, que este lunes anticipó la decisión del líder de la oposición. «Feijóo parece decidido a entregar más poder a Sánchez. Como si no le hubiera dado ya suficiente entregando el Tribunal Constitucional», señaló. Y advirtió a Feijóo de que cualquier componenda con el presidente le convertirá en su «cómplice».

«No nos preocupan los ultimátums ni los chantajes», afirmó el presidente del PP desde Bruselas, tras una reunión de los populares europeos. El PP cree que Sánchez no está en disposición de amenazar ni de arriesgarse a que la Comisión Europea le pare los pies. Los populares recuerdan que en Europa ya saben que Begoña Gómez está imputada y que Sánchez ha perdido predicamento y fuerza en la UE, dado el retroceso de la socialdemocracia en las elecciones del 9 de junio y el suyo propio.

El PP, a la espera del PSOE

Los populares están esperando a que Sánchez mueva ficha. La Moncloa les está enviando señales de que están dispuestos a moverse de sus posiciones para facilitar el acuerdo, pero no saben en qué exactamente. Y no se fían. Ni de Félix Bolaños, ni de Pedro Sánchez. El pasado miércoles, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se puso en contacto con el negociador del PP, Esteban González Pons, y le emplazó a verse el viernes. González Pons rechazó el ofrecimiento y le derivó a la comisaria de Justicia de la UE, Věra Jourová, que en teoría es la nueva mediadora tras la renuncia del comisario Didier Reynders. Sin embargo, Jourová ha trasladado a las partes que primero avancen ellos en un acuerdo y, cuando esté encarrilado, vayan a verla. La UE se encuentra en pleno proceso de mudanza y renovación de altos cargos tras los comicios del día 9, así que no es el mejor momento para que tutele un pacto.

El ultimátum de Sánchez del pasado miércoles inició una cuenta atrás hacia lo desconocido. El presidente transmite la impresión de que no quiere embarcarse en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, muy probablemente, tendría que pasar por un cambio de las mayorías cualificadas (de tres quintos a mayoría absoluta) para anular al PP. Un asunto por el que Bruselas ya le dio el alto cuando lo planteó por primera vez en el año 2020.

A ello hay que añadir que el PSOE tendría que lidiar con las propuestas de máximos de casi todos sus socios. Entre otras reformas, Sumar sugiere poder cesar a los vocales del CGPJ por la vía exprés una vez cumplidos los cinco años de mandato. Al único que no le convence esta fijación por el poder judicial es al PNV, que se ha manifestado en contra de alterar las mayorías. Tampoco a Coalición Canaria, aunque los canarios no son un socio de legislatura del Gobierno, sino uno intermitente.

«Vamos a ir paso a paso, ya se lo explicitaremos. Lo más importante ahora es saber que tenemos un plazo, el mes de junio, para llegar a un acuerdo con el PP (…). El detalle es importante plantearlo una vez sepamos el resultado de esta negociación», afirmó el pasado jueves el líder del Ejecutivo, de forma críptica.

En las últimas horas, en el PSOE han decidido aumentar los decibelios de su llamamiento al PP para que acceda a un acuerdo. Este lunes, la portavoz del partido, Esther Peña, dedicó buena parte de su habitual rueda de prensa a ello. «Dejen de marear la perdiz. Quedan 15 días. Si el PP no se aviene, el Gobierno y el Parlamento tomarán medidas. No hay más excusas, ya está bien», sostuvo. También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó a los populares a dejarse de «excusas» y apeló a su «responsabilidad». Pero en el PP aseguran que con ellos no va a funcionar esa actitud.