Sánchez no sabe cuántas viviendas se han construido de las 183.000 que anunció

"Nuestra meta es clara, vamos a cumplir con la Constitución garantizando el derecho de todos a una vivienda digna”. Son palabras del presidente del Gobierno en un acto sobre vivienda en Dos Hermanas (Sevilla) a principios de este mes de abril. Sin embargo, no son más que humo y propaganda, pues Sánchez no está al corriente de los avances del plan que anunció a bombo y platillo durante las sucesivas campañas electorales que se han celebrado desde mayo, cuando prometió 184.000 pisos asequibles; y al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, no le ha quedado más remedio que reconocer que la construcción de viviendas protegidas es competencia autonómica.

Además, para más señas, la ministra ha apelado a los pequeños propietarios para que pongan el mercado viviendas asequibles después de que Sánchez se reuniera en La Moncloa con las principales patronales del sector financiero e inmobiliario para abordar el problema de acceso a la vivienda y la financiación, ante la imposibilidad del Gobierno de dar una respuesta eficaz.

Si este es un «problema de país», se necesita «una alianza de país», decía Pedro Sánchez en un mitin electoral el País Vasco el pasado sábado, donde reiteró que «esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda, que vamos a hacer que lo que representa hoy un sueño irrealizable para muchísimos millones de españoles, también en Euskadi, sea una realidad palpable».

Sin embargo, la realidad es que según la documentación oficial a la que ha tenido acceso El Debate, Sánchez no dispone de documentos que cuantifiquen el estado del «proyecto de construcción de 183.000 viviendas sociales de alquiler limitado, incluyendo 21.000 viviendas de la Sareb» que anunció el pasado mes de mayo.

Así, Moncloa, reconoce en una resolución oficial del pasado 11 de marzo que «no obra en poder de este órgano documento o contenido» en el que se «refleje la ejecución de dicho plan de vivienda social y el número de viviendas entregadas en cada comunidad autónoma.»

Del mismo modo, Sánchez tampoco dispone «de las previsiones de ejecución de dicho plan para el año 2024 y posteriores» hasta completar el cupo de 184.000 viviendas anunciadas ya que, según explica Presidencia, las competencias «las ostenta el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana».

Precisamente por ello, se solicitó al departamento dirigido por Isabel Rodríguez, el detalle del «número de viviendas públicas construidas por el Gobierno de España desde 2019 hasta la actualidad», junto con «el número de viviendas de protección oficial financiadas» por el Ejecutivo en el mismo periodo.

En su respuesta, el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín Ramiro, ha desvelado la realidad del plan de Sánchez, que no es más que humo, pues no puede construir viviendas pese a que anuncia una y otra vez que una prioridad de su Gobierno es acabar con el «drama vital» de acceso a la vivienda.

De hecho, reconoce que el Ministerio de Vivienda «sólo lleva a cabo actuaciones en materia de coordinación de la planificación general de la actividad económica», a lo que añade que «no tiene competencia, por tanto, para construir vivienda».

Por ello, explica que el único cometido del Gobierno ha sido llevar a cabo «transferencias de crédito a las comunidades y ciudades autónomas en el marco de los planes estatales de viviendas que han podido dirigirse a la construcción de viviendas dentro del desarrollo de cada convenio de colaboración».

De esta forma, el Gobierno descarga en las autonomías la construcción de la vivienda barata, pese a considerar esta materia un asunto «prioritario», responsabilizándolas de la escasez de la misma al asegurar que «cada comunidad y ciudad autónoma determina en dicho convenio en que programas quiere invertir las transferencias recibidas articulando así su propia política de vivienda».

Así concluye que la única labor del Ministerio ha sido poner «en marcha el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, cuyo objetivo es habilitar 184.000 viviendas en alquiler social a precios asequibles, para articular el desarrollo de los nuevos hogares a través de siete iniciativas vinculadas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), la Sareb y el Fondo Social de Viviendas en alquiler».

Según detalla la web del Ministerio de Vivienda de estas 184.000 viviendas, 50.000 son de la Sareb, el llamado ‘banco malo’, mientras que 11.000 pertenecen al Fondo Social, por lo que también son viviendas en propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura mediante su arrendamiento a aquellas personas que pierden su vivienda habitual.

Además, las 50.000 viviendas de la sociedad de activos procedentes de la reestructuración bancaria se dividen en tres grupos: el programa de alquiler social, con 14.000 viviendas que ya estaban en marcha; los convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos, con los que se podrían incorporar otras 21.000 viviendas; y el denominado Proyecto Viena, con otras 15.000.

Pero no son más que estimaciones, pues según los datos de la Sareb solo se han cedido 1.679 viviendas a las comunidades y 1.028 a los ayuntamientos, y únicamente se han vendido a las administraciones un total de 212 casas, mientras que el llamado proyecto Viena está en fase embrionaria, ya que pretende llegar a acuerdos con constructoras para cederles los terrenos durante décadas para levantar edificios de alquiler asequible y las cifras no son más que una estimación de lo que se podría llegar a construir.

Así, de las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez, 123.000 estarían ligadas directamente a las políticas del Ministerio, aunque tampoco se encargaría de levantarlas, pese a sus promesas. 43.000 es la cifra prevista de casas que podrían acogerse al proyecto de créditos del ICO, destinado a promotores públicos o privados para la adquisición de suelo y la construcción de vivienda nueva, o la adquisición de edificios para rehabilitar e incluso únicamente las actuaciones de rehabilitación de inmuebles para que sean energéticamente eficientes y después deberán destinarse al alquiler social o a precios asequibles durante, al menos, 50 años.

Por su parte, la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) prevé poner en el mercado casi 36.000 viviendas gracias al suelo que posee o que está adquiriendo, en su mayor parte al Ministerio de Defensa a través de acuerdos con las diferentes administraciones. Pero de nuevo son estimaciones pues gran parte está sin construir y en este plan se incluyen las dos fases de la operación Campamento, con las que se aspira a levantar más de 20.000 casas, una operación que lleva décadas estancada y de la que solo 10.700 serán de alquiler asequible.

De hecho, el propio Sánchez en una comparecencia en el Senado el pasado 25 de abril de 2023, en plena vorágine electoral, anunció que «el Gobierno va a construir 20.000 viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa a través de la empresa SEPES», una afirmación que ahora cae por su propio peso, después de que el Ministerio de Vivienda asegurase que «no tiene competencias para construir».

También, según la ministra, el plan financiado a cargo de los fondos europeos ha alcanzado ya las 24.964 viviendas con un importe de 1.000 millones de euros (994.556.620 €), gracias a los 211 acuerdos firmados con las CCAA y entidades locales que son finalmente las que se encargan de su desarrollo.

A estas cifras hay que añadir 24.000, de las cuales casi 10.000 están vinculadas a diferentes convenios con ayuntamientos y comunidades, mientras que las 14.000 restantes son las ubicadas en el propio Plan Estatal de Vivienda, que se vertebra, fundamentalmente en el marco de la concesión de ayudas.

Así pues, las promesas del Gobierno de poner en circulación 184.000 casas baratas no es más que una promesa electoral, pues como ellos mismo reconocen no tienen competencias para ello, de forma que siempre les quedará el comodín de culpar a las comunidades autónomas si el acceso a la vivienda sigue siendo un problema de primer orden.