El Supremo denuncia que Congreso y Senado «incumplen» la Constitución que les obliga a renovar el CGPJ

«El perjuicio causado es enorme. Ante todo, a la Constitución y a la Ley Orgánica, pues ambas se incumplen manifiestamente nada menos que por las Cortes Generales», han denunciado los miembros electos de la Sala de Gobierno del Supremo (TS) , en un acuerdo adoptado este lunes. Los magistrados firmantes aseguran que la inacción de Congreso y Senado «daña al Poder Judicial en su conjunto» y, de manera especial, al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, desde luego, al propio Alto Tribunal.

No en vano, cabe recordar que la encontrarse el Consejo prorrogado y con la función de nombramientos congelada, gracias a la reforma exprés aprobada por PSOE y Podemos durante la pasada legislatura, tanto el TS como «los demás tribunales» de este país, se están viendo «privados de los magistrados que han de integrarlos o presidirlos». Una situación crítica, que «no parece importar» a los responsables de solucionarlo.

«Quienes tienen en su mano la solución nada han hecho, de tal modo que, hoy en día, el Tribunal Supremo carece de presidente y de vicepresidente titulares, de los presidentes titulares de tres de sus cinco Salas y de veinticinco magistrados» en total, han recordado los miembros de la Sala de Gobierno.

Dicha Sala ya se dirigió al Consejo, tanto el pasado 27 de septiembre de 2021 como el 27 de junio de 2022, para pedirle que instara de las Cortes Generales la elección inmediata de los vocales que han de sustituir al formado en 2013. Al hacerlo puso de manifiesto «los muy graves y crecientes problemas que el incumplimiento de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la privación al Consejo General del Poder Judicial en funciones de la facultad de hacer nombramientos discrecionales están suponiendo para el Tribunal Supremo».

«Lo peor» para los magistrados firmantes, sin embargo, «no es la seria alteración del normal funcionamiento» del TS, ni del resto de los órganos judiciales afectados. Tampoco «el esfuerzo añadido que exige a los magistrados que los sirven», añaden. Lo más graves, sin duda, es «el menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses».

Por todo ello, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, «en expresión del sentir de los magistrados que lo integran, llama a la responsabilidad de quienes tienen en su mano el remedio imprescindible para que lo adopten sin más demora», concluye el texto del acuerdo.

El TC lleva un año «incumpliendo»

En la misma línea en la que se ha pronunciado el Supremo, a primera hora de esta mañana, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) recriminaba al Tribunal Constitucional (TC) que lleve un año «incumpliendo» la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por vulnerar los derechos civiles de seis jueces asociados que son candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de ser renovado, desde 2018.

En un comunicado, emitido este lunes, la entidad ha recordado cómo el sábado se cumplió el plazo de un año desde el fallo de Estrasburgo al que el TC aún no ha dado cumplimiento, pese a que adquirió la condición de firme el pasado septiembre. La Corte «tampoco ha respondido a la demanda de ejecución de esta sentencia» que presentó la propia asociación, en noviembre del año pasado. De hecho, el presidente Cándido Conde-Pumpido encargó, en diciembre, un informe jurídico sobre la petición de los seis candidatos de que se ejecutara la sentencia de Estrasburgo.

Así las cosas, el portavoz nacional de la AJFV, Sergio Oliva, denuncia la existencia de una «anomalía democrática sin precedentes» consecuencia de la no renovación del CGPJ, algo que «está vulnerando los derechos civiles de los seis candidatos» de su asociación propuestos para incorporarse al órgano de gobierno.

En julio de 2023, el TEDH estableció que los seis aspirantes vieron vulnerados sus derechos porque no se les permitió participar en tiempo y forma en el proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces , caducado desde el 4 de diciembre de 2018, lanzando un reproche directo al TC por no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por estos mismos magistrados, en octubre de 2020.

En concreto, la Justicia comunitaria recriminó al Constitucional que inadmitiera la demanda de amparo sin motivarla de manera suficiente. En su día, la Corte de Garantías se limitó a explicar, en sendas resoluciones,que se trataba de un recurso extemporáneo por haberse presentado fuera de los tres meses de plazo que da la ley para estos casos.

Estrasburgo también estableció que los seis candidatos «tenían derecho» a que sus candidaturas fueran estudiadas por el Congreso y el Senado de forma oportuna. Desde que se anunció el fallo, ni el Constitucional ha resuelto sobre el recurso de amparo de los seis magistrados, ni las Cortes Generales han votado el listado de candidatos que fue remitido por el CGPJ en 2018.

Más de cinco años «omitiendo» la CE

Un escenario que para el portavoz de la AJFV resulta «absolutamente inaceptable». No en vano, los presidentes del Congreso y del Senado «lleven más de cinco años omitiendo de forma flagrante el ejercicio de sus funciones al no convocar los plenos para renovar el CGPJ».

Con todo, Oliva incide en que el «silencio» del Tribunal Constitucional «contribuye, con su omisión, a que los derechos civiles de los candidatos se sigan vulnerando» pese a que en el escenario actual, de tira y afloja político para repartirse de nuevo los vocales entre PP y PSOE, se da «una oportunidad de oro para realizar una nueva valoración constitucional del actual sistema partitocrático de designación de vocales del CGPJ, conforme a la jurisprudencia europea».