El PP presenta una moción por los «señalamientos» de Ribera a los agricultores y su «desprecio» al legislativo

El Partido Popular ha presentado una moción en el Congreso de los Diputados –fechada el pasado 20 de junio y a la que ha tenido acceso El Debate– sobre «las políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno», competencias que corresponden a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas del pasado 9 de junio.

En la exposición de motivos, la formación que preside Alberto Núñez Feijóo esgrime que «el Ministerio para la Transición Ecológica fue creado en el primer gobierno de Sánchez, como continuación de los ministerios de Medioambiente, pero la propia denominación albergaba la declaración de intenciones de una transformación acelerada del modelo económico y social. Desde su inicio, al frente ha estado la Sra. Ribera».

«La actuación de la ministra no ha pasado desapercibida durante todo este periodo, tanto en el ámbito propio de los temas de su competencia como fuera del mismo. En su afán por acaparar protagonismo se recuerda las improvisaciones como portavoz del gobierno en el denominado 'Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad' de la pandemia, cuando aseguraba la existencia de un comité de expertos que había elaborado el plan, pero cuya existencia se puso en duda dado que el ministerio se negó a facilitar el nombre de los componentes del comité de expertos», agrega el documento.

De esta manera, la iniciativa parlamentaria –firmada por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado– recoge que «el mundo rural, especialmente el sector primario, se ha visto señalado cada vez que la ministra afloraba un problema. Así ha sucedido en el ámbito del Mar Menor y en los cultivos del entorno de Doñana». Igualmente, aseguran que «tampoco el sector pesquero se ha librado de este marcaje, con decisiones como la prohibición de comercializar marrajo ya capturado o la aprobación de unos planes de ordenación en el espacio marítimo sin el diálogo con el sector y totalmente de espaldas a los pescadores afectados».

Además, el PP resalta que «la situación de sequía y la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania ha perjudicado a los productores primarios que se han visto sometidos a un incremento de los costes de producción, especialmente de fertilizantes y energía», circunstancia que «ha sido sorteada por el gobierno con el anuncio de ayudas e inversiones que no han solucionado los problemas estructurales». «No es de extrañar que algunas organizaciones profesionales agrarias consideren que la actuación de la ministra durante este periodo ha sido perjudicial para el sector agrícola español, que se han sentido desamparados y tremendamente afectados por las decisiones sin que hayan tenido oportunidad de ser escuchados», añaden.

También destacan «el desprecio de la ministra Ribera con el poder legislativo», debido a que «desde febrero ha faltado a casi la mitad de las sesiones de control del Congreso» y «en algunas ocasiones sin una agenda que lo justificara».

Respecto al reto demográfico, el partido con mayor representación en la Cámara Baja considera que «la asunción de competencias» por parte del Ejecutivo «no ha conseguido revertir una situación preocupante para el mundo rural», y que «la transición justa prometida por el gobierno para los territorios desfavorecidos por la transición ecológica y energética está siendo lenta y desacompasada con las necesidades reales de estas zonas».

Por todo ello, la moción de los 'populares' pide que el Congreso inste el Gobierno a «dotar al sector agroalimentario de nuevos y más eficaces instrumentos que refuercen su carácter estratégico esencial» y que se promocione «el papel de la agricultura como uno de los principales aliados, no enemigos, como parece indicar el gobierno, en la lucha contra el cambio climático».

Asimismo, solicitan «iniciar las actuaciones para desarrollar un Pacto Nacional del Agua desde el diálogo y el consenso, con la participación de todas las comunidades autónomas y lo sectores afectados», y que se «dispongan recursos financieros suficientes para desarrollar las infraestructuras vinculadas al mundo agrario y alimentario», como «el uso de recursos de los fondos Next Generation EU». También demandan al Ejecutivo que «abra el diálogo con el sector primario en el diseño de las políticas medioambientales» y que se «evalúe» el «impacto que puede tener en el medio rural las leyes antes de su aprobación».