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La vicepresidenta Montero y el ministro Bolaños saliendo del Pleno del Congreso

La vicepresidenta Montero y el ministro Bolaños saliendo del Pleno del CongresoEFE

Posible inconstitucionalidad

El Gobierno consuma el recorte de poderes del Senado trampeando una ley: «Era la vía más rápida»

El Congreso aprueba la ley de paridad con una enmienda que, por la puerta de atrás, despoja a la Cámara Alta de su capacidad para vetar los objetivos de estabilidad. El PP estudia acciones legales

El PSOE y sus socios consumaron este jueves la triquiñuela legal que despojará al Senado de su capacidad de veto sobre los objetivos de déficit y deuda, para quitar así al PP esa bala de plata. Puesto que los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta y el llamado techo de gasto es el paso previo, y sine qua non, para la tramitación de los Presupuestos Generales de cualquier año.

El Pleno aprobó hoy la Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres con 177 votos a favor del PSOE, Sumar, Junts, Bildu, el PNV, Podemos, el BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos, en el Grupo Mixto desde su expulsión del grupo socialista. Y lo hizo en medio de las denuncias del PP y de Vox. Los populares, de hecho, anuncian acciones legales.

Como ha venido contando El Debate, es a través de una enmienda introducida con calzador durante la tramitación de esa ley cómo el PSOE ha reformado el artículo 6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De manera que, si el Senado vuelve a vetar los objetivos de estabilidad, como hizo en febrero y marzo, el Congreso podrá levantar el veto por mayoría simple (más síes que noes).

La letrada adscrita a la Comisión de Igualdad del Congreso alertó en un informe de que este ardid podía ser inconstitucional, dada la «evidente la falta de conexión material entre la enmienda y la iniciativa que se tramita». No en vano, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto de este tipo de enmiendas ómnibus. Pero a los socialistas les dio igual.

Fuentes del Gobierno reconocen a este periódico que eligieron esta vía, la de una enmienda en un proyecto de ley que nada tiene que ver, porque era «la más rápida»: la ley de paridad es la primera ley orgánica que va a aprobarse después de la de la amnistía. Y la ley de estabilidad presupuestaria, que tiene carácter orgánico, solo se puede reformar a través de sí misma o de otra ley orgánica.

El debate en el Pleno fue tenso. El portavoz del PP en la Comisión de Igualdad, Jaime de los Santos, advirtió de que las diputadas de la Mesa de la Comisión que permitieron que esta enmienda siguiera su curso han podido incurrir en un «posible delito de prevaricación», dado que existe un informe negativo previo de la letrada. «No lo olviden cuando tengan que verse en un juzgado», añadió. La portavoz de Vox, Rocío Aguirre, señaló después que el PSOE y sus socios quieren hurtar al Senado su capacidad de veto solo para «seguir despilfarrando sin control».

Los populares señalan que esto no quedará así y estudian medidas legales que, probablemente, pasarán por el Senado. Por lo pronto, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, anunció el martes que sus servicios jurídicos están evaluando cómo responder ante este recorte de competencias a través de la ley de paridad. Desde el Ejecutivo responden: «Si quiere ir a los tribunales (en alusión al presidente del Senado), que vaya». Las mismas fuentes reiteran que es una «anomalía» que el Senado no pueda vetar ninguna ley y sí los objetivos de déficit y deuda. Ni siquiera puede vetar los Presupuestos Generales.

Ahora la ley de paridad tiene que ser votada en el Senado en un Pleno extraordinario convocado el 17 de julio. Con toda seguridad, la Cámara Alta la vetará y devolverá al Congreso. Éste levantará el veto y entrará en vigor. Solo entonces, la ministra María Jesús Montero tendrá la seguridad de que los próximos objetivos de deuda y déficit que presente, a finales de julio o septiembre, no acabarán muriendo en la orilla del Senado. Como le ocurrió el pasado invierno. Aunque a efectos prácticos fue para nada, porque después el Ejecutivo renunció a presentar los Presupuestos de 2024 la misma tarde en que Pere Aragonès adelantó las elecciones catalanas.

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