El PSOE espera que el Constitucional arregle el boquete del Supremo a la ley de amnistía

La ley de amnistía se dio de bruces con el Tribunal Supremo este lunes. Los socialistas contaban con que la Sala de lo Penal compartiría el criterio de los fiscales del procés -apartados por Álvaro García Ortiz- de que la malversación de los cabecillas de aquel acto de sedición no es amnistiable. Lo daban por hecho. No obstante, el pronunciamiento del tribunal presidido por Manuel Marchena fue más lejos de lo que esperaban en el Gobierno y en el PSOE, provocando a su paso un enfado apenas indisimulado en La Moncloa y Ferraz.

En público, la portavoz del PSOE, Esther Peña, fue muy comedida y se limitó a subrayar que esta decisión no perjudicará las negociaciones con ERC para la investidura de Salvador Illa porque son cosas distintas. Pero, en privado, fuentes socialistas cargaron contra el alto tribunal por hacer «consideraciones políticas» en el auto, a su juicio «sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada».

Los socialistas se refieren a párrafos como éste: «Es especialmente difícil conciliar el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de impunidad para los malversadores con la voluntad del legislador español de dispensar un tratamiento excepcional y personalizado a unos delitos de especial gravedad, por el simple hecho de haber sido cometidos por unos concretos responsables políticos y en una determinada franja histórica que alcanza desde el día 1 de noviembre del año 2011 hasta el día 13 del mismo mes del año 2023».

De manera que el Supremo optó por mantener la inhabilitación para cargo público de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Lo que, unido al movimiento del juez instructor, Pablo Llanera, de negarse a levantar las órdenes de búsqueda y captura nacional contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig por no ser aplicable la amnistía a sus casos (de nuevo, la malversación), provocó un lunes negro para la ley de amnistía. El más negro desde su aprobación.

Llarena dejó escrito en su auto: «Decidieron cargar (los condenados) a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste de unas iniciativas o apetencias personales que ellos mismos dirigían y desplegaron, siendo irrelevante que fueran compartidas por otros ciudadanos o que los gastos endosados derivaran de acciones de militancia política, cultural, deportiva, religiosa o, incluso de un disfrute personal o familiar».

El comodín del TC

No obstante, los socialistas saben que esta partida se jugará más pronto que tarde en el Constitucional, y en ello confían. La Sala de lo Penal decidió también ayer promover una cuestión de inconstitucionalidad respecto del delito de desobediencia por el que fueron condenados Junqueras, Romeva, Turull y Bassa. Y el juez Llarena dio 10 días a las partes para que aleguen sobre la pertinencia de plantear lo mismo ante el máximo intérprete de la Carta Magna por este delito.

A mayores, ERC anunció este mismo lunes que presentará un recurso de amparo ante el TC, porque considera que la posición del Supremo es «surrealista» y un «intento claro de saltarse la ley». «El Supremo intenta derogar y no aplicar una ley vigente», denunció su vicesecretaria general de Derechos, Marta Vilaret.

Los socialistas tienen puesta su confianza en el Constitucional. Máxime después de ver cómo el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido está actuando como tribunal de casación en el caso de los EREs, manchándose la toga con el polvo del camino, que diría el propio Conde-Pumpido. El acuerdo por la renovación del CGPJ al que llegaron el PSOE y el PP la semana pasada incluyó la designación del vocal conservador José María Macías como nuevo magistrado del TC.

Con esto último, el bloque izquierdista sigue teniendo siete representantes que actúan como uno solo cuando se traba de validar las decisiones del Gobierno. Y el bloque conservador cinco en lugar de cuatro, como tenía hasta ahora. Los populares confían en que, cuando alguno de los magistrados afines al Ejecutivo tenga que inhibirse, las tornas se equilibren o incluso poder ganar alguna votación. Pero no será con la amnistía.

Desde que el Gobierno y sus socios perdieron el control de la ley, una vez que ésta entró en vigor, los socialistas vienen reiterando machaconamente que los tribunales deben tener en cuenta la «voluntad del legislador» para decidir sobre su aplicación. Que es, por otra parte, el mismo argumento que usaban al principio con la ley del ‘solo sí es sí’. Hasta que quedó de manifiesto que no era un problema de interpretación, sino que la norma venía defectuosa jurídicamente de serie.