Tres recursos ante el Supremo complican la vuelta de Puigdemont para la investidura sin ser arrestado

Carles Puigdemont se enfrenta a las urnas, en las pasadas elecciones autonómicas del 12 de mayo, con un único objetivo: reeditar como líder del separatismo catalán al frente de la Presidencia de la Generalitat que ocupaba, antes de fugarse, escondido de noche en un maletero, en 2018. Sin embargo, aunque el resultado de las urnas fue favorable a sus aspiraciones, con el permiso de Salvador Illa (PSC), el trámite necesario para formalizar, en primer lugar, la toma de posesión de como diputado y, después, su posible investidura, ha quedado anulado por la decisión del Supremo (TS) de no aplicarle la amnistía en lo relativo a la malversación.

A efectos prácticos, y con la orden de búsqueda y captura nacional confirmada por el instructor de la causa, el juez Pablo Llarena, Puigdemont no podrá cumplir con el requisito obligatorio de recoger personalmente su acta, para ocupar su escaño en el Parlamento de Cataluña, sin ser detenido.

Además, todavía tendrá que presentar tres recursos ante el propio Tribunal –de reforma ante el propio magistrado, que resolverá el mismo; de apelación ante la Sala Segunda del Supremo, compuesta por tres magistrados diferentes de los encargados del enjuiciamiento del 1-O; y, por último un incidente de nulidad de las actuaciones– como paso previo a dirigirse, en amparo, ante el Constitucional.

En este sentido, cabe recordar cómo la propia Corte ya suspendió, en 2018, la investidura de Puigdemont, en respuesta a un recurso del propio líder de Junts, si no cumplía con el trámite presencial de recoger su credencial como representate electo. Una exigencia idéntica a la que pesa sobre cualquier investidura que será nula si el candidato no estuviese personalmente ante la Cámara en la fecha de la misma.

Sea como sea, el proceso se prolongará lo suficiente como para que la disyuntiva de Puigdemont, en las próximas semanas sea decidir entre volver a España y ser detenido o quedarse en Waterloo (Bélgica) como hasta ahora, aunque mucho peor de lo que estaba, procesalmente hablando, y perder su última oportunidad.

La resolución del Supremo le impide regresar de manera impune e inmediata, apoyado en una amnistía que ha resultado ser ineficaz para su caso, pese a las intenciones del Gobierno, y las suyas propias, cuando condicionó el préstamo de los siete votos de los diputados de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, al borrado penal del procés que, desde hace más de cinco años, le mantiene vagando por Europa.

Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –el mismo que revisará el encaje del delito de desobediencia en la amnistía a petición del TS– tiene pendiente pronunciarse sobre el último recurso de Puigdemont contra la pérdida de su inmunidad parlamentaria, de la que ya no disfrutará, tras quedar conformada una nueva Eurocámara. Un escenario que complica, todavía más, una situación que, en virtud del fallo que está por llegar, podría instar la reactivación de la euroorden de detención y entrega que el juez Llarena suspendió en 2023 y que la Fiscalía solicitó reactivar.

A todo ello se suman los delitos de terrorismo y posible traición –ambos de naturaleza transacional, que pesan sobre él en las causa de Tsunami Democràtic y el caso Voloh–; los flecos que condicionan la aplicación directa de la norma, que será recurrida prejudicialmente ante Europa por el Supremo; y, la orden de búsqueda y captura nacional que todavía continúa vigente, empañan las aspiraciones más directas de Puigdemont.