El pacto PP-PSOE para renovar el CGPJ y la inmigración ahondan la brecha entre Abascal y Feijóo

La distancia entre las direcciones nacionales del PP y de Vox, lejos de acortarse, aumenta con el paso de las semanas. A la vez, la arena del reloj sigue cayendo a medida que se acerca el plazo límite para una investidura en Cataluña, que de no salir, llevaría a una repetición electoral y podría propiciar nuevas elecciones generales haciendo coincidir fechas. Ahora mismo todas las opciones están sobre la mesa, en un tiempo donde la política dejó de ser previsible.

La última vez que Santiago Abascal tendió la mano públicamente a Alberto Núñez Feijóo fue en mayo, en la carta abierta que le envió unos días después de anunciar Pedro Sánchez que iba a continuar al frente del Gobierno. Lo hacía a la vez que le reprochaba al líder popular que le tendiera la suya al presidente del Gobierno.

De hecho, Abascal concluía así su misiva: «Estimado Alberto, cuando te canses de tender la mano a Pedro Sánchez, encontrarás la nuestra para construir una alternativa que esté a la altura de las circunstancias». Una carta que, según ha criticado el presidente de Vox desde entonces, no ha tenido respuesta. En ella, y en ocasiones anteriores, había pedido a Feijóo romper todas las negociaciones con los socialistas.

Si meses atrás las críticas al PP habían venido por esas negociaciones con el PSOE, el reparto de las comisiones parlamentarias, la reforma del artículo 49 de la Constitución o la «coalición» de populares y socialistas en el Parlamento Europeo, estos últimos días se han sumado dos cuestiones a la lista de reproches de Abascal a la dirección nacional del PP, que ahondan en la brecha entre ambas formaciones: el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que viene aparejado de una reforma de la ley orgánica que lo regula, y la polémica por la inmigración ilegal.

Cuando el PP y el PSOE anunciaron desde Bruselas que habían alcanzado un pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el enfado en Vox fue doble: por un lado, por el pacto en sí, que a su juicio supone «legitimar» a Sánchez, en España y también en Europa, puesto que el acuerdo contó con el beneplácito de la comisión comunitaria de justicia; y por otro lado, por las declaraciones de Esteban González Pons, el negociador por parte del PP, que aludió a que habían sido dos años de negociaciones. Les afeaban esto último por haber convocado al mismo tiempo manifestaciones contra el Gobierno.

«Cuando el PP sacaba a la gente a la calle contra el golpe de Pedro Sánchez, el PP seguía negociando el reparto de los jueces con este Gobierno», dijo entonces Abascal. Este martes, en una entrevista en El Toro TV incidía en esta misma idea: «No se puede sacar a la gente en manifestación diciendo que este Gobierno golpea el Estado de derecho y la división de poderes y acto seguido llegar a un acuerdo con el PSOE en el que nos dicen los dos que van a garantizar la independencia judicial el mismo día que se han repartido los jueces entre dos partidos».

El Pleno del Congreso debate este jueves la toma en consideración de la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios popular y socialista para la reforma de la ley del poder judicial. La posición de Vox la expondrá la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, que este miércoles, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la pena a un condenado por los ERE, señalaba tanto al PSOE como al PP al indicar que los miembros de la Corte de Garantías «están nombrados» por ambos partidos: «Cuando normalizamos colonizar las instituciones, no vale llevarse las manos a la cabeza», declaró.

El otro de los reproches viene a raíz de las declaraciones de Feijóo sobre la inmigración ilegal, en plena polémica por el reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias por el resto de comunidades, ante el que Vox se ha posicionado en contra. El partido de Abascal viene avisando de que en las comunidades donde gobierna en coalición con el PP no van a aceptar ese reparto, y ahora mismo confía en que los líderes territoriales populares cumplan los acuerdos firmados sobre esta cuestión y lo rechacen también.

Ante las palabras de Feijóo afirmando que las regiones gobernadas por el PP «van a cumplir con sus obligaciones hasta el máximo disponible» en ese reparto de menores -aunque pedía límites-, desde Vox han hecho una diferenciación entre lo expresado por Feijóo y lo que cree que harán los presidentes autonómicos de su partido.

Sin embargo, este miércoles el líder de los populares pedía ayuda a Bruselas para controlar la inmigración ilegal ante la crisis que sufre España y afirmaba que «la situación de los menores no acompañados es solo la punta del iceberg» del problema que, como denunció, el Gobierno lleva meses aplazando. Vox salió a recriminarle sus palabras recordando que el PP votó a favor de la toma en consideración de la iniciativa popular que pide regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales en nuestro país.

«A Feijóo se le pone cara de Sánchez y el PP se disputa la mentira con el PSOE. Piden ayuda para resolver los mismos problemas que ellos crean. Medio millón de razones para decir que son una estafa», aseveró Abascal en su cuenta de X. Por su parte, el jefe de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, le acusó de ser él quien «promueve el efecto llamada».

Así, la tensión entre Bambú y Génova crece, en un escenario de incertidumbre política, mientras los gobiernos autonómicos que comparten parecen avanzar desde su puesta en marcha hace cerca de un año -más de dos, en el caso de Castilla y León-. Sin ir más lejos en Aragón acaban de aprobar el Plan de Concordia, tras la derogación de la ley de memoria, o en la Comunidad Valenciana, la ley de Educación que entre otras cosas permite a los padres elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos.