Los fiscales del Supremo denuncian que García Ortiz «compromete la legalidad» si continúa imputado en el cargo

La Exposición Motivada elevada por el juez instructor madrileño Francisco José Goyena, en la que pide al Supremo que se haga cargo de la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por la presunta participación del fiscal general del Estado en un delito de revelación de secretos hace «insostenible» su continuidad en el cargo.

Los fiscales de Sala del Alto Tribunal que se reúnen, este martes, en Junta ordinaria, debatirán sobre una propuesta de comunicado institucional como reacción a la nueva situación procesal de Álvaro García Ortiz cuya decisión de no dimitir supone, para una importante mayoría de la Carrera, «comprometer la defensa de la legalidad» que es una de las funciones básicas del Ministerio Público. «¿Cómo va a resultar creíble que el titular de la Fiscalía garantiza el cumplimiento de la ley cuando sobre él mismo pesa la sospecha razonada de que no la respetó?», denuncian varias fuentes consultadas por El Debate.

La remisión de las diligencias preliminares del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la Sala Segunda de lo Penal del TS, competente en el caso de aforados como García Ortiz, afecta también como investigada a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Un escenario que «informa a la opinión pública que la situación» real de la Fiscalía, hace tiempo que «ya ha traspasado todos los límites que puede soportar la Institución», aseguran los fiscales.

Los profesionales del Ministerio Público lamentan que el «comportamiento anómalo» del fiscal general, condenado por «desviavión de poder» e «inidóneo» para el puesto, de acuerdo con el criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «comprometa la imparcialidad de la Fiscalía» cuando «se actúa en defensa de intereses que afectan a los superiores jerárquicos».

Guardar «el deber de secreto y sigilo»

La Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) –desde «el absoluto respeto al trabajo de los tribunales», que les lleva a «no entrar a valorar el fondo de la decisión adoptada» por el magistrado instructor Goyena– considera inadmisible que la Institución «no dé ejemplo a los ciudadanos» en el respeto a la ley y el «comportamiento neutral e imparcial que se exige» a los profesionales que la integran, «siendo el fiscal general su máximo exponente». Y, al mismo tiempo, «celebra el sobreseimiento libre decretado por el juez» –esto es, el archivo de la causa penal– «para el fiscal Julián Salto» y espera que, aún así las cosas, «la Institución salga fortalecida de esta situación».

Por su parte, en una nota oficial la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) muestra su preocupación por la situación judicial a la que ha llegado el fiscal general del Estado como consecuencia de la nota remitida por la Fiscalía Provincial de Madrid, el pasado 14 de marzo de 2024, dando cuenta de las gestiones relativas a un posible pacto de conformidad «con un ciudadano con relevancia mediática, por sus relaciones personales con una dirigente política de la Comunidad de Madrid», en la que se «excedía la previsión de reserva y sigilo recogidos en el artículo 4. 5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)» y que «afectaba al derecho a la Presunción de Inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española».

La APIF ya señaló, entonces, cómo era «palmario que en las relaciones que habitualmente, en el ejercicio de nuestra función, tenemos los fiscales con los abogados, tanto en diligencias de investigación de Fiscalía como en procedimientos ante los tribunales, el contenido de las mismas debe quedar en secreto, con la debida reserva, salvo que se alcance un acuerdo de conformidad, en cuyo caso se hace público y se procede al dictado de sentencia de conformidad».

No en vano, «nos dirigíamos públicamente al Fiscal General del Estado para que desautorizara la práctica de revelar por el Ministerio Fiscal el contenido de las propuestas en casos de conformidad que se formulen y ordene a todas las fiscalías guardar el deber de sigilo que legalmente está impuesto», reflejan en su comunicado.

Hoy nos encontramos con que el fiscal general no podía desautorizar lo que él mismo había ordenado: la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía de MadridAsociación Profesional e Independiente de FiscalesAPIF

«La forma de proceder ha sido en todo momento inapropiada, los Tribunales dirán si además es delictiva. El fiscal General del Estado y la Fiscal Jefe de Madrid, de considerar que se propagaban noticias que afectaban a la Fiscalía de Madrid debieron simplemente denunciar la filtración de dichas noticias al Colegio de Abogados y emitir una breve nota dando cuenta de esta actuación», denuncian desde la APIF.

Y afean que el proceder de la cúpula del Ministerio Público, "contra el criterio de la Fiscal Superior de Madrid, que según noticias de prensa ordenó a la Fiscal provincial que se abstuviera de cualquier actuación hasta el día siguiente, y desvelar datos en vez de denunciar a quien los hubiera desvelado antes ha permitido la imputación de un fiscal de Madrid, lo cual debió ser evitado por el Fiscal General y la Fiscal Jefe de Madrid asumiendo desde el primer momento la autoría de la nota y la consiguiente responsabilidad.

Además, lamentan que la Inspección Fiscal, «que debe velar por el funcionamiento correcto y legal de toda la Institución y de los miembros que la componemos, que tan presta se muestra para investigar hechos de indudable menor relevancia que los aquí referidos» no haya realizado «actuación alguna» al respecto de todo lo conocido.

«Sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia, que asiste al titular de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid el derecho a defenderse en toda su extensión no cabe duda que la actuación de los fiscales en ese procedimiento no puede estar ejercida por fiscales bajo dependencia jerárquica de los mismos. En este caso se intervino tanto por el fiscal de Madrid interesando no se admitiera a trámite una denuncia por la «filtración» como por fiscales ante el TSJ instando al archivo de las actuaciones», concluye la nota de prensa.