Sánchez lanza hoy sus medidas restrictivas contra la prensa cuando más acosado está por la corrupción

Pedro Sánchez anunció a principios de julio que este miércoles 17 de julio va a comparecer voluntariamente en el Pleno del Congreso para explicar su «plan de acción democrática». Con él se pretende silenciar a la prensa crítica; lo que el presidente del Gobierno cree que es la «máquina del fango» y los «pseudomedios ultraderechistas» que «no tienen lectores».

Según ha explicado el propio Sánchez, estas medidas consisten en la reforma de tres normas diferentes; la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, y la Ley de Publicidad Institucional. Además, tal y como informó El Debate, el paquete de cambios legislativos no irá al Consejo de Ministros para impedir alegaciones, por lo que los socialistas –al igual que con la amnistía– emplearán la fórmula de la proposición de ley.

Este plan de Sánchez lo presenta como la enésima cortina de humo del también secretario general del PSOE para desviar el foco de la corrupción que asola a su partido y a su entorno familiar. De hecho, ha decidido presentarlo un día antes de que su esposa, Begoña Gómez, declare por segunda vez como imputada por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios ante el juez instructor de Madrid Juan Carlos Peinado. Además, Juan Carlos Barrabés, socio de Gómez, ha declarado como testigo que se reunió en el Palacio de la Moncloa con la esposa del líder del Ejecutivo entre cuatro y ocho veces, y que en dos de dichos encuentros estuvo Sánchez.

De igual manera, el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz investiga a David Azagra, el hermano de Sánchez, por los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. La semana pasada, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el despacho del familiar del jefe del Ejecutivo en la Diputación de Badajoz, lugar en el que, en teoría, trabaja aunque sus colegas laborales han denunciado que no acude a su puesto.

A su vez, la causa por la que se investiga la comisión de un delito de revelación de secretos –realizado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz– ha sido elevada ante el Tribunal Supremo, después de la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya que el Ministerio Público filtró sus datos personales. Sin embargo, Sánchez ha respaldado a García Ortiz dado que considera que no debe dimitir –porque cuenta «con todo el apoyo del Gobierno»–, ni siquiera tras ser imputado.

Igualmente, el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido –fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– ha materializado el 'indulto' de los ERE del PSOE; anulando las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Tras el Consejo de Ministros de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ironizó con este caso y se mostró «alegre» por la resolución de la corte de garantías.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, señaló ayer que Sánchez también explicará a partir de las 9:00 horas el pacto que han llegado los dos partidos que conforman el Ejecutivo para «derogar» la ley de seguridad ciudadana y eliminar los delitos de injurias al Rey. Sin embargo, horas después, el ala socialista del Gobierno aclaró que solo han acordado con la coalición 'magenta' «revisar» el Código Penal en lo relativo a los delitos de injurias a la Corona y que la modificación de la ley de seguridad ciudadana se limite a eliminar un único artículo.