Los fiscales cuestionan a García Ortiz para evitar el vuelco del Consejo Fiscal con el que trata de salvar a Delgado

El próximo Consejo Fiscal (CF) extraordinario convocado por Álvaro García Ortiz, este martes 23 de julio, no será pacífico. En pleno escándalo institucional tras su posible imputación ante el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, el titular del Ministerio Público presidirá el cónclave doblemente cuestionado.

Por una parte, los fiscales consideran que su situación procesal« invalida su continuidad» en el cargo. Por otra, según ha podido avanzar El Debate, en exclusiva, siete de los miembros del Pleno cuestionarán su intento de utilizar el mismo, una vez más, para favorecer la continuidad de su predecesora, Dolores Delgado, como titular de la plaza de Memoria Democrática que el Alto Tribunal anuló el pasado mes de mayo. Estos consejeros reclaman que García Ortiz no es competente para resolver las recusaciones planteadas por su predecesora, para volcar el sentido de la mayoría del órgano que debe resolver sobre la posible causa de prohibición que le impediría volver a presentarse como candidata.

No en vano, este diario ya avanzó, hace unos días, los pasos que García Ortiz habría estado dando con el objetivo de acelerar los trámites necesarios para salvar el nombramiento de Delgado y resolver, a su favor, las tres recusaciones planteadas contra los miembros del CF –dos de la Asociación de Fiscales (AF) y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–, con la intención de alterar el sentido del cónclave y sortear la votación prevista sobre la incompatibilidad que pesa sobre ella, debido a la actual profesión de su marido, el ex juez Baltasar Garzón, hoy abogado especialista en Derechos Humanos.

Cabe recordar que el máximo órgano de la Carrera está compuesto por un total de doce fiscales. Tres natos, que se incorporan al mismo por razón de sus cargos en la Institución –el fiscal general; su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde; y, la inspectora jefe que fue elegida por la propia Delgado, Antonia Sanz Gaite, de la que cuelgan los expedientes e investigaciones internas– y nueve elegidos, de manera democrática, por y de entre los fiscales que conforman la Institución.

Así las cosas, si en el Pleno de este martes, García Ortiz admitiese apartar a los tres consejeros cuestionados por Delgado, para que no puedan pronunciarse sobre el presunto conflicto de competencias que compromete su independencia al frente del Departamento de Memoria Democrática, el bloque afín a la fiscal de Memoria, contaría con cinco apoyos frente a los cuatro en los que se quedarían sus detractores.

Un escenario al que se suman, además, las denuncias de otras maniobras, en paralelo, para disuadir a los consejeros críticos a impedir la continuidad de Delgado en su puesto, que no ha abandonado hasta la fecha gracias a que el Gobierno aún no ha cumplido con el trámite preceptivo de ejecutar, en el plazo máximo de dos meses, la sentencia de la Sala Tercera del Supremo que ordenó cesarla, el pasado día 21 de mayo. Un contador que se puso en marcha, desde la notificación del fallo al Ministerio de Justicia, unos días más tarde.

Sobre la mesa del fiscal general un expediente disciplinario «a medida» abierto desde la cúpula de la Institución, contra una de las consejeras de la AF que forma parte del Consejo; y, las diligencias preliminares informativas instadas sobre el presidente de la APIF, Miguel Pallarés, en un intento por neutralizar a parte de los miembros críticos con la todavía titular de Memoria Democrática, para que no puedan votar en contra de la continuidad de ésta en el puesto.