García Ortiz busca un doble decreto para salvar la plaza de Dolores Delgado sorteando al Consejo Fiscal

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que la recusación es un acto de parte que busca separar de un procedimiento a quien pone en duda su necesaria imparcialidad. Aunque la norma declara que «los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser recusados», sí permite a las partes intervinientes «acudir al superior jerárquico del Fiscal» cuestionado, para que «ordene su no intervención» en un asunto si considera que se dan las causas necesarias para ello. «Frente a esa decisión no cabe recurso alguno», recoge el artículo 28.

Como adelantó El Debate, en exclusiva, hace una semana, Dolores Delgado ha recusado a un total de 3 vocales del Consejo Fiscal, con la intención de evitar que voten en el Pleno que debe decidir, hoy mismo, si está afectada por una causa de prohibición que le impediría presentarse, de nuevo, como candidata al puesto de Memoria Democrática que le anuló el Supremo. Y su sucesor en el cargo ha acelerado los trámites para resolver la orden del Alto Tribunal que le ordenó que dejase votar a los miembros del órgano, sobre el presunto impedimento. Una potestad que, de acuerdo con el fallo de la Sala Tercera del TS, les hurtó en la anterior ocasión.

Sin embargo, antes tendrá que resolverse la situación de los consejeros señalados por Delgado y ahí está la clave de la polémica que se ha generado en el seno del Consejo de este martes. Mientras García Ortiz aspira a pronunciarse sobre esta cuestión, como máximo representante de la Fiscalía. La mayoría del cónclave considera que su Estatuto no establece que el fiscal general sea su «superior jerárquico» ya que se trata de un órgano que, como tal, no tiene «más superior jerárquico que la voluntad de la mitad más uno de sus miembros».

Así las cosas, además, «en esta ocasión el CF actúa desde una posición ejecutiva y no meramente consultiva». Es decir, lo que salga de la votación sobre si Delgado incurre, o no, en una incompatibilidad para ocupar la plaza de Memoria Democrática, como resultado de la actividad profesional de su marido, el ex juez Baltasar Garzón reconvertido en abogado especialista en Derechos Humanos.

En el fondo del asunto, la maniobra con la que García Ortiz busca alterar, en último término, el sentido de la mayoría del Pleno, con siete votos críticos contra Delgado, frente a cinco, para dejarla en un cinco a cuatro favorable a su continuidad. No en vano, desde la Inspección que cuelga del fiscal general se han abierto, recientemente, sendos expedientes internos a una de las vocales impugnadas por su predecesora, al frente de la Fiscalía; y, al presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, como medida para disuadir al vocal que la entidad tiene en el seno del Consejo.

García Ortiz es consciente de que, en los próximos días, concluye el plazo legal máximo de dos meses que el Supremo habilitó para que, una vez notificada la sentencia de la anulación del nombramiento de Delgado en Memoria Democrática al Ministerio de Justicia, el Gobierno emitiese el decreto de cese para hacerla efectiva.

De ahí que busque salvar, in extremis, la designación de su predecesora y amiga, sorteando a la mayoría del Consejo Fiscal. De esta manera, el mismo día en el que el Ejecutivo dicte la nulidad de la designación podría aprobar, en paralelo, la nueva propuesta de la misma candidata, una vez corregido el error de la votación que no se produjo en la ocasión anterior. Un doble decreto con el que el fiscal general lograría su objetivo, dentro del período máximo permitido, aunque ello le suponga un nuevo enfrentamiento con la mayoría de los fiscales, críticos con sus métodos, y otro terremoto en la Institución.