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Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Tribunales
Un juzgado madrileño admite el recurso del novio de Ayuso contra Almeida por las obras de reforma de su vivienda
El abogado de Alberto González Amador sostiene que el Ayuntamiento de la capital realizó una «interpretación errónea» de la ley administrativa, provocando un silencio que perjudicó a su representado
Una más en la colección de presuntas irregularidades y errores institucionales que afectan al novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El último capítulo del periplo judicial que Alberto González Amador libra en distintos frentes para defenderse de las distintas acusaciones que pesan sobre él, es el pleito iniciado contra el Ayuntamiento de Madrid por las filtraciones del expediente de las obras de reforma de su vivienda particular y la posible tramitación incorrecta de éste.
Según ha podido saber El Debate, en primicia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid ha admitido a trámite la impugnación del empresario madrileño contra el Consistorio de la capital –por una supuesta «interpretación errónea de la ley habilitante» aplicable al caso– en una de las derivadas jurídicas de la que ya se ha convertido la causa de persecución política más rentable de los últimos años contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Así consta en un decreto del órgano judicial que, además, ha abierto pieza separada de medidas cautelares.
En este asunto, el PSOE insistió desde un primer momento en su estrategia de hacer oposición a la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso con los asuntos personales de su pareja sobre la mesa, también, en lo relativo a las cuestiones que, presuntamente, afectan a ciertas irregularidades de las que acusan al empresario por las obras realizadas «sin permiso» en su vivienda.
Sin embargo, ahora la Justicia acepta investigar el porqué de una inspección administrativa al inmueble de González Amador, tras ciertas filtraciones a la prensa, pese a que sus abogados han defendido, en todo momento, que disponía de las tasas de intervención abonadas y del título necesario para obras menores en viviendas particulares, que le habilitaba para llevarlas a cabo.
Accesos indebidos al expediente
Cabe recordar que, además, el expediente asociado a la inspección del Ayuntamiento de Madrid sobre las reformas acometidas por González Amador en su piso, ubicado en el madrileño barrio de Camberí, fue objeto de una dennuncia contra el ente municipal ante la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD).
De hecho, nada más saltar la polémica los socialistas madrileños reclamaron una copia íntegra del mismo y se quejaron de que el Ayuntamiento les había entregado, a través de su concejal Antonio Giraldo, un expediente incompleto sobre el historial de intervenciones técnicas efectuadas en el inmueble.
Así las cosas, según confirmaban a El Debate fuentes próximas al consistorio, Alberto González aseguró entonces, y ha vuelto a insistir en escrito consignado en el Juzgado de lo contencioso, que el contenido total del dossier con la información personal que afecta a su vivienda, y al que él todavía no habría tenido acceso en su totalidad, pese a ser interesado directo, se filtró a varios periodistas y, al menos, a las filas del PSOE y Mas Madrid, incumpliendo la Ley Orgánica que protege los datos de todos los particulares en España.
González y sus abogados sospechan no sólo que hubo «accesos indebidos» de miembros del organigrama municipal que, sin estar autorizados para ello, consultaron el detalle de los permisos solicitados, las actuaciones realizadas, las declaraciones responsables de demolición y obra y, en último término, el contenido del acta de la inspección asociada al piso que comparte con su pareja, Isabel Díaz Ayuso, para después circularlo con la intención de perjudicar la imagen pública de ésta.
Además, tras analizar los distintos movimientos de la Administración municipal, en este asunto, detectaron un silencio administrativo que, presumen que no fue casual, y que resultó perjudicial para el empresario.
Por eso han instado el inicio de una doble investigación: de oficio ante la AEPD, en la que se rastree e identifique a los autores y les permita decidir si dirigen otro tipo de acciones legales contra estos. Y una segunda línea, en forma de derivada judicial para depurar las posibles responsabilidades derivadas de la «interpretación errónea» de la ley que hizo el Ayuntamiento que, además, no le fue notificada de manera correcta a González Amador, consumando un silencio que, en la norma general es favorable, resultó letal para su imagen y sus intereses.
Ningún indicio sobre ilegalidades
Los socialistas, por su parte, aseguran que se han encontrado todo tipo de trabas desde el Consistorio de la capital, cada vez que han trataro de solicitar algún tipo de información o documentos técnicos sobre las órdenes de «paralización y/o el cese inmediato» de las obras iniciadas que, según su versión, González Amador ignoró.
En relato temporal que los letrados del novio de Díaz Ayuso han hecho constar en la denuncia ante la AEPD, para que se identifique a los presuntos responsables de las filtraciones, quedaría acreditado que fueron varios los periodistas los que tuvieron acceso a todo el expediente administrativo y a las notificaciones emitidas al hilo de éste, desde la Junta municipal de Chamberí, cuando éstas todavía no habían sido recibidas por su destinatario legítimo.
Muy al contrario, la pareja de Díaz Ayuso, consignó la Declaración Responsable y el pago de todas las tasas que se exigen en toda obra de reforma integral, que no afectó ni a vivienda protegida, ni a elementos estructurales, y tardó más de cuatro meses en recibir la primera de las decisiones de los técnicos municipales sobre la misma. Hasta la fecha, ninguna de ellas declarando que la acometida fuese ilegal o inválida.
A modo de ejemplo, González Amador ha puesto en conocimiento de la Agencia competente cómo el día 27 de mayo, en el programa de La Ventana, que se emite en la cadena SER, un periodista preguntaba sobre el asunto del inmueble al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, refiriéndose a consideraciones reflejadas en el acta de la inspección ocular que se había producido una semana antes, y que él mismo no pudo descargarse, desde su mail, hasta el día siguiente, martes 28 de mayo, a las 10:32 horas de la mañana.