Máxima presión de los barones socialistas a Sánchez por el cupo catalán

Los barones socialistas elevan la presión al secretario general, Pedro Sánchez, horas antes de que se produzca la votación por parte de las bases de ERC sobre el acuerdo firmado con el PSC para investir a Salvador Illa. El punto que ha hecho revolverse a los dirigentes del partido en varias comunidades es la cuestión relativa a la financiación singular para Cataluña, lo que se ha venido llamando el cupo catalán, que, como han denunciado algunas voces entre las filas del propio PSOE, supone una «quiebra de la igualdad» entre todos los españoles.

Hasta tal punto hay malestar entre algunos sectores que el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, pidió ayer por la tarde la convocatoria del Consejo de Política Federal del partido para abordar entre todos los barones la financiación autonómica y analizar ese preacuerdo, contra el que, por otra parte, las comunidades del PP ya han avisado que batallarán en los tribunales si se termina materializando.

Y a esa petición de reunir a los secretarios generales socialistas se sumaron a las pocas horas tanto el PSOE de Castilla-La Mancha como el de Aragón. El propio Javier Lambán, que en cuanto se conoció el acuerdo expresó que «como socialista, como demócrata y como español» le resultaba «inadmisible» y «una quiebra brutal» de la igualdad entre españoles, emitió un comunicado en el que reiteraba esa postura y señalaba que la reunión del Consejo de Política Federal la consideraba «oportuna y necesaria» al ser este un tema «de trascendencia que afecta a la financiación de todas las comunidades autónomas».

En la misma línea, fuentes del partido que lidera Emiliano García-Page trasladaron a Europa Press que eran partidarios de esta reunión y que incluso consideran que se debía haber convocado antes. El dirigente manchego ha sido de los más rotundos dentro del PSOE a la hora de trasladar el rechazo a lo que implica el acuerdo con Esquerra, puesto que ofreció una declaración institucional para expresar su postura. «¿Vamos a pasar de la mentira y de la patraña de que España lleva robando mucho tiempo a que literalmente la caja la gestionen ellos y solo nos manden las migajas?», preguntó, confiando en que su partido «no lo tolere». «Hasta aquí», afirmó.

Otros barones habían preferido no pronunciarse al respecto del acuerdo hasta conocerlo oficialmente, puesto que, como han defendido algunos de ellos, no se les ha hecho llegar el documento y solo han conocido parte del contenido por declaraciones de ERC, que fue quien lo anunció, y borradores. Sin embargo, tras Page y Lambán, han ido pronunciándose otros mostrando su desacuerdo a un concierto fiscal para Cataluña o al menos sus recelos, como es el caso del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que admitió que el modelo de financiación que se planteaba en el acuerdo no es «el ideal».

El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, dijo, por su parte, estar tranquilo porque estaba convencido de que las propuestas del independentismo «no se llevarán a cabo» porque no hay mayorías para una reforma parcial del sistema de financiación. «No voy a defender nunca la quiebra de la solidaridad, la quiebra de la igualdad dentro del sistema de financiación. No vamos a cambiar ni cambiaremos de posición, seguimos en el mismo sitio», expresó.

Y críticas también en Asturias, donde el consejero de Hacienda y Fondos Públicos, Guillermo Peláez, expresó el rechazo del Gobierno regional a que Cataluña u otra región abandone el régimen común de financiación a través de un concierto fiscal. «Hay que entender que un concierto fiscal supone una merma de los recursos del Estado», señaló.

Según apuntan fuentes a este periódico, tal como señalan algunos socialistas, «cualquier afiliado del PSOE puede recurrir ante los tribunales el acuerdo con ERC, en un plazo de 40 días desde su adopción». Indican en este sentido que el acuerdo podría llevarse a los tribunales «por ser contrario a los estatutos del partido y/o al ordenamiento jurídico» y que la ley permite también «pedir la suspensión preventiva del acuerdo en tanto se resuelve sobre su 'rectificación o anulación'», apuntan.

Desde el Gobierno central, no han querido dar importancia alguna a las esas críticas. Cuando se empezaron a oír las primeras manifestaciones rechazando el acuerdo, las de Page y Lambán, la ministra portavoz, Pilar Alegría, declaró: «Son opiniones que ya las hemos leído en otros momentos y que además siempre vienen de estas dos mismas personas». Incluso el propio Pedro Sánchez, preguntado al respecto por la prensa en su comparecencia de fin de curso, se rio al señalar que "la noticia sería que (Emiliano García-Page) hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España».