Prisión provisional para Puigdemont: el escenario judicial del líder de Junts ante su inminente vuelta a España

«En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario, irrelevante, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática», declaraba el líder de Junts Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española, desde 2018, tras anunciar su intención de asistir al Pleno de constitución del nuevo Parlament.

La sesión prevista para la investidura de Salvador Illa (PSC) como nuevo presidente, con el apoyo de Esquerra , en un escenario en el que el Supremo «se niega a obedecer la ley de amnistía», para los delitos de malversación agravada y desobediencia que pesan sobre él, como líder político del procés, ha complicado sin remedio la situación procesal de Puigdemont. Así las cosas, una vez pise suelo español, la posibilidad de que el Alto Tribunal dicte prisión provisional para el ya ex eurodiputado, es más que «razonable», según ha podido confirmar El Debate.

No en vano, la orden de búsqueda y captura nacional que sigue vigente para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puede asegurar su declaración inmediata ante el magistrado Pablo Llarena, dejando al mismo tiempo en suspenso la deliberación parlamentaria previa a la votación que entregaría a Illa las riendas de Cataluña, pero no evitar una nueva bomba de humo una vez consumado su plan de dinamitar la cita de este jueves.

Un escenario que, si bien pondría punto y final a la instrucción de la causa del 1-O, que sólo está pendiente de su comparecencia ante Llarena, también impediría que se pudiese abordar un eventual juicio contra él porque, legalmente, no se puede celebrar en su ausencia. Mucho menos con sus antecedentes que agravan el riesgo de fuga, gracias a la impunidad que Europa le ha prestado hasta la fecha.

Desde el pasado 12-M, fecha de los últimos comicios autonómicos catalanes en las que resultó elegido como representante autonómico de su formación, Puigdemont se enfrenta a una disyuntiva. Por una parte, ser detenido en España, toda vez que la orden nacional que pesa sobre él sigue vigente y confirmada por el juez Llarena. Y, por otra, renunciar a su condición, y por lo tanto al aforamiento que ésta le presta, y permitir, sin más, que Pedro Sánchez coloque en la Generalitat a su candidato de la mano de ERC, sus principales rivales políticos en el relato de la independencia.

Dispuesto a desafiar a la Justicia, tras no quedar amparado por la ley de borrado penal del procés, y consciente de que su ausencia en la sesión parlamentaria, no es una opción política viable para los suyos –pese al rosario de recursos que su defensa tiene todavía pendientes de activar ante el Alto Tribunal, antes de llegar al Constitucional para exigir la aplicación de una amnistía a su medida, tal y como pactó con Sánchez – el líder de Junts sólo dispone de la alternativa del 'habeas corpus' para evitar el peor de los escenarios. El mismo que le llevó a huir a Bélgica, hace seis años, escondido en el maletero de un coche. Acabar una temporada entre rejas.

Puigdemont es consciente de que, en las próximas horas, se enfrenta a una detención que, al igual que su entorno, ha calificado de «ilegal» y «arbitraria». Una afirmación gruesa con la que abonar el terreno de su última baza legal para esquivar la prisión provisional a la espera de juicio por el 1-O.

Sobre la mesa, el 'habeas corpus'. Un derecho previsto para aquellos detenidos que exigen al juez competente su inmediata puesta en libertad alegando que no hay motivos suficientes para justificar su privación de la misma. En todo caso, corresponderá al juez Llarena decretar, o no, el ingreso en prisión de Puigdemont, una vez le tome declaración presencialmente en Madrid o, como mínimo, pueda notificarle su situación judicial y confirmar, en su caso, la negativa del cabecilla de Junts a contestar las preguntas que tenga que formularle.