La tibieza del Gobierno con Puigdemont evidencia su dependencia del prófugo

Mientras Carles Puigdemont realizaba su performance en el centro de Barcelona, la agenda del Gobierno lucía deliberadamente desierta. Solo Félix Bolaños, destinado a los Juegos Olímpicos de París, tenía alguna actividad reconocida. El todoministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, responsable e impulsor de la ley de amnistía, no hizo hasta ayer ninguna valoración al respecto de que un prófugo, sobre el que recaen gravísimas imputaciones, torease a los Cuerpos de Seguridad y al Estado de derecho.

No se ha cumplido ni un año desde que Pedro Sánchez asumiera de nuevo la presidencia del Gobierno tras pactar la amnistía y numerosas cesiones al separatismo en materia económica. En ese intercambio de impunidad por votos, que firmó casi de manera consecutiva con Junts y Esquerra, solo el partido de Puigdemont manifestó su voluntad de exprimir sin disimulo a Sánchez. De hacerle «mear sangre», llegó a decir el prófugo, en una expresión tan desagradable como ceñida a la verdad de los hechos.

Tras la investidura de Salvador Illa, la relación con Junts está quizá en su momento más inestable de lo que va de legislatura. Esa ha sido la razón por la que el Gobierno ha evitado ir al choque (tanto verbal como policial) con el prófugo Puigdemont. Una detención atropellada, una condena pública a su manera de proceder habrían deteriorado aún más el trato con el partido que más duramente les ha golpeado en este curso. En la primera votación de la legislatura, Junts vendió su abstención a unos tristes decretos a precio de oro. Fue a primeros del mes de enero, cuando los separatistas lograron que el PSOE les pusiera por escrito la cesión de las competencias en materia de inmigración. En la última, este mismo 23 de julio, Junts es tumbó nada menos que el techo de gasto.

Ni ese revés parlamentario ni el escarnio público del pasado jueves han despertado (al menos en apariencia) el deseo de romper con Junts. En estas semanas, Sánchez podría haberse fingido molesto (o incluso moderado) y haber roto con el separatismo, pero las encuestas se lo desaconsejan. Andado el tiempo, la realidad es que no parece probable que PSOE rompa con Junts o que Junts deje caer al PSOE. Ni Sánchez tiene los votos para disolver su precaria mayoría ni Puigdemont está en condiciones de convivir con un Ejecutivo decididamente contrario a sus devaneos. El matrimonio de conveniencia sigue en pie y no parece probable ni la ruptura ni el adelanto electoral.

Este sábado, hasta cinco ministros del Gobierno acompañarán a Salvador Illa en su toma de posesión. Después de días de agendas vacías y un estudiado silencio, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Diana Morant, Jordi Hereu y Ernest Urtasun acudirán al palacio de la Generalitat para dar a esta toma de posesión la relevancia que no tuvo la investidura debido a la irrupción del prófugo.

El PSOE ha esquivado de momento la repetición electoral en Cataluña, pero a cambio ha prometido un cupo fiscal que ha generado una reacción molesta incluso dentro del propio partido, donde hay barones que no comparten este modelo ni están en condiciones de defenderlo delante de sus vecinos. Saben que un agravio entre comunidades enterraría el escaso poder regional que todavía conservan.

Y en esas está el PSOE una vez colocado Illa: haciendo malabarismos para no enfadar ni a Puigdemont ni a los suyos. El plan pasa por mantener la coalición, por incómoda que pueda ser, y esperar a un cambio en la dirección del viento (y de las encuestas) para presentarse de nuevo como un partido autónomo en lugar de genuflexo.