Sánchez prometió hace tres años una financiación consensuada ante las bases de su partido

Al igual que sucedió con los indultos o la Ley de Amnistía en general y, en particular, con lo artículos que incluían lo relativo al terrorismo o a la malversación, el pacto alcanzado entre el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ha supuesto traspasar una nueva «línea roja» que el Gobierno central aseguraba que no iba a romper.

Una de las claves de bóveda de dicho acuerdo es la que se refiere a la financiación, ya que establece que Cataluña va a tener un reparto de fondos entre regiones por parte de la Administración central «singular» y que, como consecuencia, la reforma del actual modelo queda en suspenso. Además, será el Govern el que recaude y gestione el 100 % de los impuestos pagados en esta comunidad.

Bajo el pretexto rechazado por los expertos de que la región sufre una «infrafinanciación sostenida en el tiempo» como producto de un sistema «común caducado, poco transparente e insuficiente», socialistas e independentistas han rubricado una alianza que, entre otras muchas, tiene como meta «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Cataluña de los ocho millones de habitantes».

«Consensuar» una nueva financiación

Sin embargo, nada de lo que en los últimos días ha sucedido tiene que ver con lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a cumplir y a promover como máximo dirigente del PSOE hace tan solo tres años. Fue en 2021 cuando la formación del puño y la rosa celebró su 40º Congreso Federal. El cónclave tuvo lugar en Valencia y allí se aprobó la Ponencia Marco, es decir, las líneas básicas de actuación de la organización en todos los ámbitos.

Entre las 304 páginas de las que se compone el documento, en el apartado titulado «por un sistema fiscal progresivo y dirigido a la inclusión social» se incluye lo concerniente al sistema de «financiación territorial». En estos puntos, el PSOE presumía de que desde que Sánchez llegó al Palacio de La Moncloa «adquirió el compromiso de consensuar un nuevo sistema de financiación autonómica y local que diera solución a las disfunciones que arrastramos desde hace años» en aras de «disponer de una propuesta, que una vez alcanzados los consensos necesarios, daría paso a la tramitación de las leyes necesarias para su materialización».

A día de hoy, no ha habido avances en la materia, un aspecto que los responsables de redactar la mencionada Ponencia achacaban a «la irrupción de la pandemia del Covid-19», a pesar de que el líder socialista está en el cargo desde junio de 2018 y de que durante todo este tiempo ha habido numerosas peticiones de presidentes regionales de distinto color político para abordar el tema.

De defender el español a la inmersión

Igualmente, de tal afirmación también se desprende que la pretensión de lograr «los consensos necesarios» no pasó de ser una simple promesa que en la actualidad está muy lejos de cristalizar en algo real, dado que será la Generalitat de Cataluña en un contexto de bilateralidad quien decida cuánto dinero aporta a las arcas del Estado y que todo lo negociado cuenta con la oposición frontal no solo de barones territoriales del PP, sino también de otros muchos socialistas.

Además, el de la financiación no ha sido el único planteamiento suscrito en Valencia que Sánchez ha ignorado y ha hecho lo contrario. Sirvan como ejemplo varios casos, como el hecho de presumir de que «el idioma español es una de las grandes fuerzas de España, de América Latina, de lo español y de lo iberoamericano» y, ya en 2024 y con la presidencia de la Generalitat para Illa en juego, terminar afirmando que la lengua es la «columna vertebral de la nación catalana».

Del mismo modo, Sánchez y el nuevo mandatario catalán han asumido como un valor «la aplicación de metodologías de inmersión lingüística en lengua catalana», estipulando que el idioma autonómico «debe ser la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y en la acogida del alumnado recién llegado» y van a permitir establecer «el catalán como la lengua de uso normal de las administraciones y de las instituciones catalanas en sus actuaciones internas y en la relación entre ellas, así como en las comunicaciones y notificaciones dirigidas a las personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán».