El Gobierno dio 8,3 millones a la empresa que recomendó el marido de la exdirectora de la Guardia Civil tras hablar con Koldo

El Ministerio de Industria bajo la dirección de Reyes Maroto adjudicó 8,3 millones de euros a la fábrica que contó con el aval del empresario Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez, la exdirectora de la Guardia Civil que tuvo que dimitir por la implicación de su cónyuge en una derivada judicial de los ERE de Andalucía. Tal y como ha desvelado El Debate, el empresario, justo antes de que se concediera la ayuda pública pidió ayuda a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan la red están analizando la operación.

El cónyuge de Gámez contactó con Koldo en dos ocasiones. Los investigadores tienen monitorizado un mensaje del 19 de enero y otro del 16 de febrero de 2021. En uno de ellos, el empresario pidió al cabecilla de la trama que está en manos de la Audiencia Nacional que intermediara en favor de una agrupación de compañías que lideraba Fagor que optaba a ayudas millonarias de fondos europeos. Meses después, la secretaría general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa hizo público el listado de empresas beneficiadas con estas ayudas y, entre ellas, se encontraba la recomendada por el marido de la exjefa de los agentes.

El importe que se le otorgó fue de 8.309.242 euros. Esta ayuda fue otorgada a la tecnológica para «la investigación industrial y transversal para una nueva generación de VEC profesionales de alto valor añadido». El Debate ha confirmado con Industria, que en ese momento estaba en manos de Reyes Maroto, hoy portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, la adjudicación de la ayuda estatal. Explican que esos fondos «fueron los primeros pasos que adoptó el Gobierno para ayudar a la industria, muy afectada por el coronavirus». No es la primera vez que aparecen vínculos entre Maroto y la trama de Koldo.

Días después de que estallara, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le preguntó en un pleno: «¿Qué sabe usted de la ‘Koldoesfera’? Porque usted estaba en el corazón de un partido y de un Gobierno podrido por una trama corrupta. ¿Y debemos suponer que usted no conocía a Koldo o a Ábalos y que la ministra de Industria no se enteraba?». Durante su turno de respuesta, Maroto sostuvo que su compromiso es «con la corrupción cero» y que la red le produce «asco y vergüenza» porque «hubo gente que se enriqueció con lo peor de la pandemia». Sin embargo, no aclaró si tuvo trato con Koldo.

En el otro mensaje que mantuvieron el marido de Gámez y Koldo, el empresario le pidió ayuda para un estudio de diseño de mobiliario que optaba a recibir un contrato de Adif, dependiente de Transportes, para cambiar los separadores de los asientos de los trenes Talgo. Los agentes están analizando todas las comunicaciones por correo electrónico que mantuvo el cabecilla de la red de mordidas de los contratos de la pandemia y Martínez. De momento, consideran de gran importancia el contacto fluido que mantenían el cónyuge de la exjefa de los investigadores y el asesor de Ábalos.

Multitud de propiedades

Tras varios meses de investigación judicial, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla imputó al marido de Gámez por blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en el marco del ‘caso Santana Motor’, una derivada judicial de los ERE de Andalucía, en el que desaparecieron 36 millones de euros. Además del cónyuge de Gámez también estaba implicado su cuñado, Bienvenido Martínez. Tras aflorar estas imputaciones, la exjefa de los agentes se vio obligada a dimitir. Presentó su renuncia al cargo el 22 de marzo de 2022 y, desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de ella. Un año después, la Audiencia Provincial de Sevilla pidió al magistrado que diera carpetazo al asunto alegando un cambio de criterio y finalmente se cerró en balde.

En cambio, la investigación policial que llevó a cabo un grupo de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional reveló la compra de numerosas propiedades inmobiliarias por parte de Gámez durante el tiempo que su marido cobró de la trama de corrupción. De todos los bienes, el más destacado fue un ático dúplex en Málaga de un millón de euros ubicado en primera línea de playa. Pero hubo cuatro más: un piso del barrio de Salamanca de Madrid -el más caro de la capital- y tres más en Málaga muy próximos al ático.

El Debate fue destapando todos estos inmuebles al mismo tiempo que eran localizados por los agentes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que elogió a Gámez tras su dimisión afirmando que había sido «la mejor directora que había tenido la Guardia Civil en los 178 años de historia que tiene la institución desde que la fundó el Duque de Ahumada», fue recriminado por la diputada Ana Vázquez, portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. «Su mejor directora está a punto de superar en propiedades inmobiliarias a su mejor director, el socialista Luis Roldán», dijo. Vázquez se refería a las casas que el dirigente del PSOE ocultó en 1994 por todo el mundo tras haberse beneficiado de mordidas por valor de 1.600 millones de pesetas (en torno a 9,6 millones de euros).