El sector izquierdista del CGPJ bloquea una declaración a favor de los jueces para no incomodar al Gobierno

«la defensa de la independencia judicial frente a determinados ataques de miembros del Poder Ejecutivo», título de la propuesta que los diez vocales conservadores pidieron incluir en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), celebrado este lunes, ha provocado el primer distanciamiento, palpable, entre los sectores del recién renovado máximo órgano de los jueces.

Más allá de la falta de acuerdo en la elección de los candidatos a presidir el Consejo, que ha resultado infructuosa hasta la fecha, la negativa de los miembros propuestos por el PSOE a respaldar un texto institucional en el que se censuraban las declaraciones de varios miembros del Gobierno contra el Supremo –entre ellos las del ministro de Transportes, Oscar Puente– por su interpretación de la Ley de Amnistía, han provocado un profundo malestar y una importante «decepción» entre sus compañeros de cónclave.

En especial, porque, se trataba de un gesto relevante a la hora de cumplir con el encargo constitucional del órgano, colegiado y autónomo, en su función de «garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio» de sus competencias. «Es una primera oportunidad perdida» de actuar «de manera unánime» frente a las críticas del Ejecutivo, a decisiones adoptadas por el más Alto Tribunal de nuestro país, apuntan algunas fuentes consultadas por El Debate. Se ha evitado «incomodar» al Gobierno, añaden las misma fuentes.

No en vano, las declaraciones formuladas la semana pasada por Puente, quien exteriorizó el malestar en el seno de Moncloa, y de sus socios parlamentarios separatistas, por la interpretación que la Sala Segunda del Supremo ha hecho de la norma de borrado penal del procés, dejando fuera la malversación continuada que pesa, entre otros, sobre el prófugo Carles Puigdemont, no dejaron indiferente a casi nadie en el sector jurídico. El titular de la cartera de Transportes aseguró que los tribunales no pueden «extralimitarse» a la hora de interpretar la ley y que la amnistía, en concreto, está llamada a escribir el «punto final» en el recorrido judicial contra el independentismo catalán.

Cabe recordar que, a diferencia de esta posición equidistante de los nuevos vocales del bloque izquierdista, el anterior CGPJ llegó a suscribir, sin fisuras ideológicas, un total de hasta cinco pronunciamientos –en un plazo de cuatro meses, comprendidos entre noviembre de 2023 y febrero de 2024– en el mismo sentido instado por los consejeros 'populares', durante el Pleno celebrado en las últimas horas.

Así las cosas, la Comisión Permanente firmó el 9 de noviembre de 2023, una primera declaración institucional relativa a los términos del «Acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts» para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno; la segunda, de 5 de diciembre del mismo año, en línea con las asociaciones judiciales, que expresó, públicamente, su repudio al anuncio de una eventual creación de comisiones parlamentarias de investigación que pudieran llegar a determinar lo que ambiguamente se denominaron «responsabilidades» derivadas de lawfare; la última, fechada el 19 de enero de 2024, daba respuesta a las manifestaciones formuladas por la entonces vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en una entrevista concedida a TVE, en relación a una resolución dictada por el magistrado Manuel García-Castellón, en la causa abierta en la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo contra algunos de los integrantes de la plataforma 'Tsunami Democràtic'.

Por su parte, el Pleno del CGPJ, reunido en sesión extraordinaria el 6 de noviembre de 2023, debatió y aprobó el contenido de una nota oficial concebida para rechazar la «singularidad» de la Ley de Annistía concebida para «desjudicializar el conflicto político en Cataluña». Más tarde, el 5 de febrero de 2024, el Consejo se pronunció sobre las declaraciones vertidas el 30 de enero, en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, por algunos de los parlamentarios acusando de lawfare a los miembros del Poder Judicial.

De nuevo, la Comisión Permanente del Consejo acordó, el pasado día 10 de junio, salir en defensa de la labor profesional, en este caso, del juez Juan Carlos Peinado –que dirige las diligencias preliminares contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios– tras las «manifestaciones contenidas en la carta del presidente del Gobierno» en las que se hizo «una valoración política de actuaciones» de un magistrado de instrucción.

A diferencia de sus predecesores, los vocales izquierdistas en el Pleno del máximo órgano de los jueces españoles han roto la unidad de acción de la etapa anterior en la que, ajenos a sus sensibilidades o procedencia, todos los consejeros priorizaban la defensa de la separación de poderes y de la independencia judicial que, de acuerdo con el último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, en nuestro país, «sigue siendo baja».