El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Silencio atronador de Marlaska, Albares, Robles y Saiz ante la avalancha inmigratoria en Ceuta
El presidente ceutí, el 'popular' Juan Vivas, ha pedido «auxilio y socorro» al Gobierno central por esta situación
La presión inmigratoria que vive Ceuta en los últimos días es asfixiante. La delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, la socialista Cristina Pérez, afirmó el pasado lunes que la situación es «extrema» ya que tan solo el domingo intentaron entrar en la región desde Marruecos y Argelia 1.500 personas, a la vez que expresó que solo se pueden devolver, de media, 150 o 200 individuos.
En la misma línea se manifestó el presidente ceutí, el 'popular' Juan Vivas, que pidió «auxilio» al Gobierno central por la «enorme presión» inmigratoria. «Necesitamos el apoyo del Estado, de las comunidades autónomas, por eso vuelvo a insistir en esa petición de auxilio y de socorro a quien puede y debe prestarla. Un auxilio y socorro que tiene amparo en el sentido de Estado, que tiene amparo en la solidaridad, que tiene amparo en la lealtad institucional», declaró.
No obstante, la respuesta de los principales responsables del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido inexistente. Los titulares de los Ministerios del Interior, Exteriores, Defensa y Migraciones –Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Elma Saiz respectivamente– han mantenido el silencio.
A la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional le corresponde «el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración», mientras que el Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil tiene entre sus funciones «hacer frente a la inmigración irregular» y el resto de competencias «encomendadas por el ordenamiento a la Guardia Civil para el control de los demás flujos irregulares».
Ambos cuerpos dependen de la cartera de Interior, pero el ministro Marlaska –tal y como recoge la Agenda del Gobierno– no ha realizado ningún acto o declaración pública desde el pasado 2 de agosto, cuando asistió «la inauguración de la 67 Feria Internacional de Muestras de Asturias».
Por su parte, Albares acudió en la mañana del lunes a la Cadena SER, aunque no hizo mención ni a la situación de Ceuta y ni a las posibles conversaciones con Marruecos para frenar la avalancha inmigratoria. Igualmente, Robles no se ha pronunciado acerca de la presión que ha vivido la ciudad autónoma en las últimas horas; aunque el pasado 16 de agosto indicó que no tenía conocimiento de ninguna petición por parte del Ejecutivo ceutí ante la realidad que se da en la ciudad autónoma por la saturación de los centros de menores inmigrantes no acompañados.
Tampoco se ha manifestado Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que en la tarde del domingo 25 de agosto compartió en sus redes sociales una fotografía en las fiestas de la localidad navarra de Ribaforada. «Agosto es el mes de las fiestas populares por excelencia, momentos para compartir y disfrutar», aseveró.
La devolución de inmigrantes
El artículo 23 del Real Decreto 557/2011 recoge que «no será necesario un expediente de expulsión para la devolución (...) de los extranjeros que pretendan entrar irregularmente en el país», y que «se considerarán incluidos, a estos efectos, a los extranjeros que sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones».
La normativa también señala que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras que hayan interceptado a los extranjeros que pretenden entrar irregularmente en España los conducirán con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución». «Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión», añade la ley.
No obstante, «si se establece que el individuo es menor de edad, tiene derecho a ser protegido por las entidades públicas competentes. La legislación vigente, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, garantiza su protección y amparo», según explicó a El Debate el abogado experto en Derecho de Extranjería Juan Ignacio Longobardo.
