El magistrado Campo se abstiene en la cuestión planteada por el Supremo contra la amnistía

El magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo ha presentado esta mañana un escrito al presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón en el que comunica su abstención del conocimiento de la cuestión de inconstitucionalidad 6053-20254 planteada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en relación con el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña.

El magistrado ha decidido apartarse del caso, en bas a lo establecido en los artículos 22 y 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en los artículos 217 y 219.10ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su petición será deliberada en el Pleno de la Corte previsto para la próxima semana, junto con los demás asuntos del orden del día, entre los cuales está previsto que se aborde la admisión de la consulta planteada por la Sala Segunda del TS contra el borrado penal del procés.

El exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, ha ya se alejó en un recurso de amparo presentado, en 2023, por un ciudadano particular en relación con la admisión parlamentaria de la futura ley de amnistía, para salvaguardar la «imparcialidad» del Tribunal. No en vano, el jurista ya se había pronunciado sobre la norma –en los informes sobre los indultos de los líderes separatistas catalanes condenados por el Supremo– anticipando que ésta era «inconstitucional».

Teniendo en cuenta que su posición es pública y notoria, fuentes próximas a la Corte de Garantías, han confirmado a El Debate que el juez Campo considera incompatible con su misión de intervenir en el próximo cónclave, en lo relativo a una causa planteada contra el nuevo texto legal aprobado por el PSOE en el Congreso, de la mano de sus socios separatistas parlamentarios.

De ahí una renuncia que, con toda probabilidad, anticipa el escenario en el que la Corte de Garantías tendrá que resolver las futuras impugnaciones contra la ley de amnistía pactada por Pedro Sánchez, de la mano de Junts y ERC y que reducirá en uno los miembros del Pleno pasando de doce a once.