Vox reta a los partidos a posicionarse con una ley para eliminar el subsidio a los menas que hayan delinquido

El partido de Santiago Abascal presenta este martes en el Congreso, para su toma en consideración, una proposición de ley con la que pretenden modificar el artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social de manera que se elimine el subsidio «previsto para los menores que no ostenten la nacionalidad española privados de libertad por cumplimiento de medida de internamiento en centro».

«Inmigración ilegal cero» es, como reiteró este lunes su portavoz nacional, José Antonio Fúster, lo que quiere Vox, y en esa línea han presentado iniciativas en lo que lleva de legislatura y en la pasada tanto en el Congreso y el Senado como en los parlamentos autonómicos. Sin ir más lejos, esta semana el partido volvía a pedir en la Comunidad de Madrid cerrar los centros de menas de la región. Precisamente el reparto de los menores extranjeros fue lo que motivó la salida de Vox de los gobiernos regionales. Su posición es clara: el mensaje que debe lanzarse para frenar la invasión migratoria es que quien haya entrado en España ilegalmente o haya venido para delinquir debe ser expulsado de nuestras fronteras.

En el texto registrado en la Cámara Baja para su debate en el Pleno esta tarde, el partido de Abascal denuncia que la previsión que recoge el artículo de la citada ley de la Seguridad Social, tal como está redactado actualmente implica que los menores de edad que hayan estado internos en centros durante al menos seis meses por cometer delitos graves reciben un subsidio público «inembargable» que, critican, «no perciben, por ejemplo, las víctimas de sus actos delictivos».

«¿Saben que un inmigrante ilegal, un mena por ejemplo, que delinque en España, cuando sale de su centro, recibe una paga? ¿Cómo se cambia esto? Reformando esta ley. Se puede cambiar. Ahora, hay que preguntar si quieren cambiarla los partidos que han alentado el efecto llamada», expresó Fúster este lunes en rueda de prensa.

Para la formación, la nacionalidad del menor que ha sido condenado por delinquir debería ser «determinante» a la hora de reconocer su derecho a obtener este subsidio. «Los que no sean ciudadanos de la Unión Europea solo deberían acceder al mismo en virtud de criterios estrictos de reciprocidad y valorando siempre la oportunidad de su conformidad con el interés general de España», señala Vox en su iniciativa.

Y subraya: «Una persona, aun siendo menor, no puede recibir un premio por razón del perjuicio que causó a la sociedad. Sí es justo proporcionarle una oportunidad de reinserción, pero es absolutamente desproporcionado facilitarle una remuneración por cumplir el leve castigo que la ley le impone por su delito, máxime en el caso de que el infractor no ostente la nacionalidad española y se encuentre en una situación ilegal en nuestro país cometiendo infracciones».

A juicio de Vox, reconocer estas ayudas a un menor extranjero, en muchos casos, «contribuye decisivamente a desincentivar el ánimo de superación y de mejora» una vez sale del centro en el que ha estado interno, o le puede llevar a volver a cometer delitos, además del efecto llamada que, según denuncia la formación, supone una medida como esta.

El grupo parlamentario explica además en su texto que en el caso de que el menor haya cumplido la pena y todavía no haya alcanzado la mayoría de edad, este «se encontrará en un entorno de supervisión familiar o institucional donde no le faltará techo, alimento y apoyo social e incluso laboral», por lo que -señala- no tiene sentido que reciba una paga pública «salvo que se destinara directa e íntegramente a sufragar lo que cuesta su manutención». Y en el caso de que cumplido el período de internamiento ya fuera mayor de edad, si permanece en España en situación ilegal tendría que ser expulsado de acuerdo a la ley de extranjería, por lo que tampoco entiende Vox que debiera recibir esa ayuda.