Los líderes regionales de Vox aprietan al PP en su vuelta a la oposición

Cuando Santiago Abascal compareció en julio desde la sede nacional del partido para comunicar la que definió como una de las decisiones más importantes que ha tomado Vox en su historia política, la salida de los gobiernos autonómicos, prometió una oposición leal pero contundente.

Estos días se han reanudado los plenos después del parón de verano y los líderes territoriales de la formación que hasta julio eran vicepresidentes en sus respectivas regiones, aprietan a los barones del PP y suben el tono en este arranque del nuevo curso político, en el que, por otra parte, el foco está puesto en las comunidades autónomas en pleno debate por la financiación y el reparto de menores extranjeros llegados ilegalmente a Canarias. Este último, que fue lo que motivó que les retiraran su apoyo, es una de las líneas rojas de Vox y ya han avisado desde su salida que no se van a mover de su postura respecto a la inmigración ilegal.

En Aragón, Alejandro Nolasco acusaba este jueves al PP de cometer una «gran estafa» a su electorado después de que votara en contra de una proposición de ley para modificar la Ley de Patrimonio Cultural, eliminando el catalán como lengua propia de la región. «El PP lo llevaba en su programa, nosotros también, estaba en el pacto de gobierno que habíamos firmado, y oh, sorpresa, nos vamos del gobierno (…) y el PP y el PSOE han votado en contra», criticó Nolasco. «Son un grupo de estafadores», dijo refiriéndose a los populares. Desde el PP habían acusado a Vox de utilizar la lengua como «elemento de confrontación» y que cumplirían su programa cuando consideren.

En Castilla y León, Juan García-Gallardo señaló desde la tribuna de las Cortes que los de Alberto Núñez Feijóo eran «en demasiadas ocasiones un socio más de este PSOE corrupto y traidor», y pidió que no hubiera «equidistancia» con los socialistas. Lo hacía después de que el PP no apoyara una iniciativa que Vox había presentado para aliviar los impuestos que gravan la compra de vivienda.

Desde Murcia, José Ángel Antelo afeó ayer a su exsocio de gobierno que esté paralizado un decreto para dotar a los agentes de la Policía Local de la región de armas largas y del amparo jurídico para el uso de pistolas táser y gas pimienta, una medida que había impulsado su formación para aumentar la seguridad en los barrios, y sostuvo que hasta la llegada de Vox, el PP «ha tenido a la Región como la comunidad que menos invertía en seguridad y emergencias en toda España».

Y en la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera ya subrayó hace unas semanas, a raíz de una noticia sobre el incremento de pateras que llegaban a la región, que se habían ido de los gobiernos porque no estaban dispuestos «a ser cómplices y a no hacer nada». «Nuestra Comunidad y el resto de España serán engullidas sin remedio, económica, social y culturalmente. Solo queda Vox», manifestó el exvicepresidente valenciano. Y esta semana, el portavoz en las Cortes, José María Llanos, incidía en que, si bien todavía no había ninguna negociación sobre los presupuestos, no aceptarán que se reciba «indiscriminadamente» a menores extranjeros no acompañados.

El partido de Santiago Abascal ha defendido desde su entrada en los ejecutivos que los populares han dado pasos en determinadas cuestiones por la presencia de Vox, en temas como la derogación de las leyes de memoria, el recorte de gastos que califican de superfluos o la defensa del español en lugares como Baleares o la Comunidad Valenciana donde había avanzado la imposición del catalán.

Desde la formación han venido señalando que, ahora como oposición, apoyarán aquello que consideren bueno para los ciudadanos, al tiempo que entienden que las medidas que en su día el PP aceptó en los pactos de gobierno deberían poder llevarse a cabo.