El PP pide al juez del caso Koldo que impulse el volcado de los teléfonos de los implicados en la trama

Siete meses después del arranque de los registros ordenados por el juez instructor del 'caso Koldo', Isamel Moreno, en las viviendas y despachos de los principales implicados en la presunta trama de corrupción que salpica al PSOE de lleno y a varios de sus ministros, el Partido Popular ha pedido al magistrado que libre un «oficio a la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (UCO) de la Guardia Civil, para que informen sobre número de dispositivos intervenidos, estado del clonado, extracción y análisis de los datos contenidos en los dispositivos intervenidos».

Con este escrito de impulso procesal los populares quieren evitar que se diluyan las pesquisas, en especial, después de las declaraciones de uno de los testigos clave en la causa, el ex subdirector general de Planificación de la Secretaría de Estado de Seguridad Daniel Belmar quien, este mismo jueves, señalaba por primera vez al titular de Interior Fernando Grande-Marlaska en las órdenes de compra de material sanitario, para su Ministerio, a la principal empresa de la trama, Soluciones de Gestión.

Cabe recordar que, el pasado 20 de febrero, el Juzgado de Instrucción Central número 2 de la Audiencia Nacional acordó la práctica de entradas y registros en numerosos domicilios de los principales implicados en la presunta trama de corrupción, por la compraventa de mascarillas, que salpica al PSOE y varios de sus ministros.

Como resultado de la intervención policial, la Guardia Civil incautó teléfonos móviles, terminales, ordenadores y dispositivos informáticos que, por su elevado número y el volúmen de su contenido, hicieron necesaria la solicitud de colaboración de Europol. Sin embargo, dada la importancia que para la investigación en curso pueden tener los resultados de dichas actuaciones, los abogados del Partido Popular han entendido imprescindible solicitar la mayor agilidad en el trámite.

No en vano, el último informe sobre los avances en la investigación se remonta al 14 de mayo de este mismo año, fecha en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmó al magistrado Moreno que el monto total de los efectos tecnológicos intervenidos se estimaban en más de 170 de los que no podía cuantificarse, por aquel entonces, una cifra exacta ya que había bolsas con precinto que contenían más de un dispositivo.

En dicho momento, además, los agentes encargados de los trabajos de análisis sólo habían clonado y extraído los datos de 76 de los mismos. Sin que, por ahora, se haya vuelto a tener noticia sobre la cantidad de dispositivos final, la situación de volcado de los mismos y, desde luego «del resultado de algún análisis que se haya podido realizar» sobre alguno de los terminales.

Los populares quieren que las partes personadas en el procedimiento, entre las que se encuentran, tengan acceso a la información actualizada sobre el estado de las averiguaciones, el tiempo durante el que se prolongarán las mismas, así como el resultado de la «extracción del contenido de los dispositivos intervenidos».