La recusación de la Fiscalía a un magistrado conservador del TC busca la mayoría izquierdista en la amnistía

La amnistía se ha convertido en «una cuestión de tiempos» en el Constitucional. Pocos en el seno del Tribunal son ajenos a que la decisión final sobre la norma dependerá, en el calendario, de las necesidades de Pedro Sánchez durante la legislatura. Si al presidente del Gobierno «le viene bien» garantizar un mejor pronóstico a su socio de investidura Carles Puigdemont, se pisará el acelerador del asunto. Si le conviene lo contrario, está en la mano del presidente del órgano, de acuerdo con los ponentes de los distintos fallos, reposar algo más los asuntos en un cajón.

Pero, también, se trata de un tema de números. La aritmética será un factor relevante en la adopción de soluciones a la polémica norma y, a mayor distancia entre bloques, mejor lectura tendrá, de cara a la opinión pública el resultado final sobre la misma. O, al menos eso es lo que piensa el presidente de la Corte, Cándido Conde-Pumpido, quien no quiere que su voto sea el que incline la balanza final sobre la solución pactada entre el PSOE y los separatistas catalanes.

De ahí que, iniciada la batalla de las abstenciones y recusaciones de los magistrados de la Corte que tendrán que debatir y decidir sobre el encaje constitucional del borrado penal del procés, y como toda ayuda es poca, la Fiscalía haya decidido entrar en juego para salir al rescate del Gobierno.

El Ministerio Público instaba, este jueves, un escrito en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo sobre la Ley para apartar del caso al magistrado conservador José María Macías. Si en varios informes jurídicos presentados ante el Alto Tribunal ya había venido defendiendo la legalidad de la norma y la necesidad de aplicarla, íntegramente, a todos los encausados y condenados por el procés, ahora se ha desmarcado ante el Constitucional con el mismo motivo.

Su titular, Álvaro García Ortiz, firmó de su puño y letra la recusación contra el ponente de la primera causa, el magistrado conservador José María Macías, para retirarle el asunto que la semana pasada fue admitido a trámite en el Pleno de la Corte.

Si la posición de la Fiscalía resulta aceptada por la mayoría del órgano, Macías, quien hasta ahora lideraba la iniciativa de los posteriores recursos (entre ellos los autonómicos), previsiblemente, no podrá intervenir, tampoco, en estos. Y ello porque la causa de recusación invocada sería extensible no sólo a la cuestión del Supremo sino al resto.

Un escenario en el que aceptada la abstención del magistrado Juan Carlos Campo en el mismo asunto, permitirá a Conde-Pumpido utilizar los argumentos de García Ortiz para compensar la pérdida del voto del ex ministro de Justicia en el bloque izquierdista, con la baja adicional de los contrarios, reforzados tras la reciente llegada de Macías.

«Recusarán a Macías para que no participe, tampoco, en las causas» contra el borrado penal del procés, apuntaban a El Debate algunas fuentes próximas a la Corte de Garantías, hace unos días. Dicho y hecho. Se trata de «neutralizar la reducción numérica» que supondría apartar a Campo del debate y en cuyo caso, ante todos los escenarios posibles, «el voto determinante» sobre la constitucionalidad de la polémica norma «recaerá» sobre Conde-Pumpido, explicaban las mismas fuentes.

Con la abstención aceptada el balance ha quedado menguado hasta un 6 a 5 entre las dos alas del cónclave, siendo el sexto voto el del veterano jurista gallego al frente del TC. De ahí que se busque, intensamente, que tampoco Macías participe. Así las cosas, presentar un 6 a 4 sería un balón de oxígeno al futuro y eventual aval de los izquierdistas de la Corte a la amnistía tan discutida y discutible.