Sánchez deberá explicar cuántas veces y por qué recibió en la Moncloa a Barrabés y el listado de asistentes

Bulos de los periodistas y opacidad en la propiedad de los medios. Esos son los conceptos que impulsan el catálogo de leyes, reformas y medidas anunciado por Pedro Sánchez, calcado en espíritu a la Ley de Orden Público y la Ley Defensa de la República de 1933, impulsadas para ahogar la capacidad de crítica del periodismo al Régimen de aquella época.

En realidad, quien más incurre en esos hábitos es el propio presidente del Gobierno, como demuestra un hecho trascendente revelado hoy por El Debate. Deberá detallar algo de lo que hasta ahora no ha querido hablar en público: cuántas veces y con quién se reunió en la Moncloa con Carlos Barrabés, asociado a la cátedra de Begoña Gómez y adjudicatario de millonarios contratos del Gobierno, la ley le ha ordenado trasladar a este periódico todos los detalles de esos encuentros, confesados ante el juez por el empresario.

Así, mientras Sánchez, expresaba este lunes en una reunión con diputados y senadores del PSOE que su plan «defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz», el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno propinaba un nuevo golpe a la Moncloa por no rendir cuentas.

Este varapalo llega en forma de la resolución 1032/2024 dictada el pasado lunes 16 de septiembre y a la que ha accedido en exclusiva El Debate, con la que el órgano independiente mete de lleno el dedo en una de las llagas que más dolores de cabeza causan al presidente del Gobierno: la relación total de encuentros oficiales mantenidos por el Presidente del Gobierno con Carlos Barrabés en el Palacio de la Moncloa, motivo de tales encuentros y relación de personas asistentes.

Este empresario, que colaboró activamente en el máster de la UCM que impartía junto a Begoña Gómez, fue también beneficiario, a través de su consultora Innova Next, de algunos de los contratos licitados por la Administración en cuya propuesta se incluían cartas de recomendación por parte de la esposa del presidente.

De hecho, su nombre forma parte de la investigación que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde la mujer de Sánchez es investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ya que primero tuvo que declarar como testigo, para después pasar a tener la condición de investigado.

En su primera declaración, como testigo y por tanto obligado a decir la verdad, aseguró que se reunió en el Palacio de la Moncloa con la esposa del líder del Ejecutivo entre cuatro y ocho veces, y que en «una o dos» de esas citas estuvo presente Pedro Sánchez.

Sin embargo, en su segunda declaración, ya como imputado, contestó solo a las preguntas de su abogado y explicó que se reunió con Begoña «bastantes veces» y que estos encuentros tuvieron lugar «en la Moncloa o en mi oficina». Además, también reconoció haberse reunido con Sánchez, pero puntualizó que aquellos encuentros fueron con motivo de su trabajo y la «innovación».

El Debate solicitaba por escrito el pasado 8 de abril a Presidencia del Gobierno la «relación de encuentros oficiales mantenidos en el Palacio de la Moncloa entre el presidente y el empresario Carlos Barrabés; motivo de tales encuentros y relación de personas que acudieron a los mismos», sin obtener respuesta.

Un silencio sepulcral por parte de Sánchez que se reiterado tras haber sido denunciado ante el Consejo de Transparencia y este solicitara a Moncloa en el seno del procedimiento legal instruido las pertinentes explicaciones por un silencio ilegal. Ese requerimiento tampoco fue contestado, lo que ha supuesto, además una nueva reprimenda al Gobierno por intentar «dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública».

Mientras Sánchez señala a los medios y sugiere que son opacos, se niega a cumplir las resoluciones que le obligan a dar explicaciones

De esta manera, esta Autoridad Administrativa Independiente ha dejado claro que conocer cuántas veces ha ido Barrabés a la Moncloa, para qué, y con quién se ha reunido, es una información pública y como tal debe estar a disposición de los ciudadanos, dando a Sánchez diez días de plazo para remitirla.

La investigación llevada a cabo por El Debate pone el foco de atención en la propia Moncloa; la investigación que lleva a cabo el Juez Peinado versa sobre las actividades de Begoña Gómez, investigada y a quien asiste el derecho a no declarar contra sí misma; mismo derecho que asiste a Barrabés, que si bien en su primera comparecencia lo hizo como testigo y en consecuencia obligado a decir la verdad, tras cambiar su situación procesal y pasar a ser investigado, le asiste el mismo derecho.

Entre ambas declaraciones, como testigo primero y después como investigado, sus manifestaciones han variado en torno al número de reuniones. Para las fuentes jurídicas personadas en el procedimiento, «dado que el alcance de las diligencias del juzgado están limitadas a Begoña Gómez, con este camino se abren nuevo escenarios, que podrían aportar datos acerca del total de las reuniones mantenidas con Barrabés, según deben constar en los registros de entrada en el palacio de la Moncloa, así como los asesores del Gobierno que estuvieron presentes, porque quien debe ahora responder es el propio Presidente del Gobierno. Esperamos que lo haga en aras de la transparencia con la que dice estar tan comprometido», aseguran estas mismas fuentes.

Aun así, el proceder de Presidencia parece seguir un patrón, ya que Sánchez, pese a pregonar que los ciudadanos tienen derecho a una información veraz, tampoco ha respondido a las cuestiones relativas a cómo Begoña Gómez usó la Moncloa como sede de sus negocios para reunirse con empresarios, una postura que ya ha sido puesta en conocimiento del CTBG para que obre en consecuencia.

En concreto, no ha remitido a El Debate la relación de «visitas oficiales mantenidas en el Palacio de la Moncloa por Dª. Begoña Gómez con Carlos Barrabés; con el CEO y/o personal directivo de Globalia; y con personal perteneciente a la cátedra del Instituto Empresa desde el año 2019 hasta la actualidad».

Del mismo modo, tampoco ha aclarado la cantidad de reuniones que han tenido lugar en la sede de la Presidencia con el rector de la UCM, Carlos Goyache, otro de los imputados en la causa, que, en sede judicial, manifestó que fue la secretaria de Begoña Gómez la que le citó en la Moncloa para mantener una reunión con la esposa del presidente y abordar la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

El plan para señalar a los medios

El comportamiento opaco de Sánchez, presente ya en decenas de resoluciones legales en su contra por practicarlo, coincide con la aprobación en el Consejo de Ministros del polémico Plan de Acción por la Democracia, que el presidente del Gobierno ideó durante su pausa de reflexión en el mes de abril, cuando su esposa, Begoña Gómez, ya estaba bajo la lupa de la justicia.

El proyecto presentado por el Gobierno cuenta 31 medidas entre las que destaca aprobar el quinto plan de Gobierno abierto para facilitar la transparencia y la rendición cuentas de las políticas que lleve a cabo el Gobierno. Incluso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, llegó a anunciar una ley de Administración Abierta «para rendir cuentas», justo lo que boicotea pese a las órdenes trasladadas sistemáticamente por el Consejo de Transparencia.

La otra cara de la moneda es la imposición de un sistema de registro de medios, limitar la publicidad institucional y desplegar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación, para acabar con lo que Sánchez ha denominado una y otra vez como «máquina del fango».

Por ello, el plan de Sánchez es, a juicio de la oposición, un ajuste de cuentas contra algunos medios por el caso Begoña, y una muestra de ello es que la transparencia que pregona y que promete ampliar no se aplica en las entrañas de la Moncloa, y más aún si tiene que ver con la esposa del presidente.