Los seis años de Sánchez en la Moncloa con un Gobierno de apoyos precarios y multitud de cambios de opinión
Pedro Sánchez aterrizó en la Moncloa el 2 de junio de 2018 gracias a una moción de censura al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Entonces, el PSOE contaba con tan solo 84 diputados en el Congreso y necesitó el apoyo de Podemos, ERC, el PDecat, el PNV y Bildu. Con ese panorama el líder de los socialistas configuró un Gobierno «dispuesto y preparado para hacer de España un país mejor» tal y como él mismo afirmó.
Sánchez –que en su primera entrevista como jefe del Ejecutivo desveló su intención de agotar la legislatura– adelantó las elecciones generales porque el Congreso había rechazado su proyecto de Presupuestos. De esta manera, se produjeron los comicios del 28 de abril de 2019, donde el PSOE logró 123 diputados, el PP 66, Ciudadanos 57 y Podemos 42. Esa noche electoral los simpatizantes socialistas le cantaron «con (Albert) Rivera no», ya que ambas formaciones sumaban mayoría absoluta. No obstante, Sánchez dictaminó que «nosotros no vamos a poner cordones sanitarios».
Ciudadanos se mantuvo en su 'no' a Sánchez hasta que, tras una investidura fallida, en septiembre de ese año ofreció una abstención in extremis para que el líder del PSOE continuara en la Moncloa; aunque la propuesta fue rechazada y se convocó una repetición electoral el 10 de noviembre de 2019. En esta época, Sánchez proclamó –durante una entrevista en la La Sexta– que sería «un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95 % de los ciudadanos que tampoco se sentirían tranquilos,» si hubiera configurado un Ejecutivo de coalición con Podemos.
Dos días después de estos comicios –donde los socialistas ganaron 120 representantes en la Cámara Baja mientras que Podemos cosechó 33– el PSOE y los 'morados' firmaron un principio de acuerdo, conocido como el pacto del abrazo, con el que Pablo Iglesias se convirtió en vicepresidente del Gobierno y su formación obtuvo cuatro ministerios. Para poder seguir en la Moncloa Sánchez necesitó la abstención de ERC y de Bildu, y el 'sí 'del PNV, el BNG y los izquierdistas de Nueva Canarias.
El 14 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo dictaminó la sentencia del procés, y ese mismo día Sánchez señaló que «quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España»; lo que implicaba cerrar la puerta a los indultos. «Como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley», añadió.
Por su parte, durante un debate electoral de noviembre de 2019 el secretario general de los socialistas le espetó al entonces presidente del PP «a ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont, y yo me comprometo, hoy, aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia».
Sin embargo, en junio de 2021 –con un Parlamento muy dividido donde el PSOE necesitaba el apoyo de ERC para sacar adelante las cuentas públicas– el Gobierno firmó los indultos a los secesionistas que materializaron el procés por, según Sánchez, una cuestión de «utilidad pública» y dado que era la mejor decisión «para España y la más conforme con el espíritu de convivencia y concordia de la Constitución».
En este contexto, a finales de 2022 –por presión de los separatistas y para beneficiar a los condenados por el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017– Sánchez modificó el Código Penal y derogó el delito de sedición y rebajó el de malversación.
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El día después de la debacle del PSOE en los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2023, Sánchez convocó elecciones generales para el mes de julio. Durante esa campaña justificó en una entrevista radiofónica en Atresmedia que él no miente, sino que «cambia de opinión». Igualmente, 48 horas antes de los comicios expresó que «el independentismo pedía la amnistía, piden un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación, ni lo habrá».
No obstante, a pesar de haber perdido las últimas elecciones, el presidente del Gobierno pactó con partidos nacionalistas y separatistas aprobar una ley de amnistía «para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato», tal y como señaló su acuerdo con Junts. Finalmente, la polémica medida de gracia salió adelante el pasado mes de mayo con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV, Podemos y el BNG.
Ahora, Sánchez ha encontrado un escollo en la formación que lidera el prófugo Carles Puigdemont, que, a pesar de que se comprometió a traerlo de vuelta a España para que rindiera cuentas ante la Justicia, dio un mitin en Barcelona el pasado 8 de agosto. Esta última semana el partido secesionista le ha hecho dos desaires al jefe del Ejecutivo votando en contra de sus propuestas en el Parlamento; lo que implica, aún más, una mayor inestabilidad en su precario Gobierno.