Disparidad en las comunidades del PP tras la ruptura con Vox: ¿quién mantiene lo acordado​ y quién no?

El pasado mes de julio el PP y Vox rompieron los gobiernos autonómicos de coalición que pactaron tras las elecciones del 28 de mayo de 2023. Así las cosas, los dos partidos encaran de manera diferente el nuevo curso político, y mientras que algunos de los Ejecutivos 'populares' han decidido continuar con lo acordado, otros han optado por cambiar su hoja de ruta y ceñirse ahora a sus respectivos programas electorales.

Murcia

En septiembre de 2023 llegó el pacto en Murcia entre el PP y Vox, y se configuró un Ejecutivo con dos cargos para los de Abascal; la vicepresidencia —que encabezó José Ángel Antelo— y la Consejería de Fomento. Antelo ha expresado en conversación telefónica con El Debate que «no tenemos ningún acuerdo con el PP, ni el PP con nosotros», y ha remarcado que cuando los 'populares' «están solos hacen las mismas políticas que el PSOE». Asimismo, ha reseñado que «cuando yo era vicepresidente acordamos cerrar el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Cartagena», y que todos los miembros del Consejo de Gobierno de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo se manifestaron a favor de materializar esta propuesta, pero «un mes después cambiaron de opinión». «Lo que marca al PP es que no tienen ningún principio», ha añadido.

En la misma línea, el exvicepresidente murciano ha afirmado que «en las dos Juntas de Portavoces que ha habido tras el parón veraniego, el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo en todo» y que «ahora mismo» los 'populares' y socialistas regionales han pactado que «no se iniciara el curso político». Por ende, ha zanjado que «el PP es capaz de apoyarse en Podemos con tal de gobernar».

A su vez, fuentes del Ejecutivo 'popular' liderado por Fernando López Miras han expuesto a este diario que «el Gobierno va a seguir trabajando como lo está haciendo, con normalidad y cumpliendo los compromisos adquiridos por el presidente en su discurso de investidura, una vez que Vox, de manera unilateral, ha decidido romper el pacto». «En general, los asuntos pactados en el acuerdo de gobernabilidad acordado con Vox forman parte de la hoja de ruta del Gobierno del presidente López Miras para la legislatura, por lo que poco o casi nada hay que revisar. El acuerdo recogía compromisos en bajada de impuestos, reducción de trabas burocráticas para las empresas, apuesta por la educación gratuita de 0 a 3 años y apoyo a las familias, Por lo tanto, en general, se seguirá trabajando en la misma dirección», han enunciado a renglón seguido.

Aragón

El Ejecutivo encabezado por Jorge Azcón contaba hasta el verano con dos miembros de la formación de Santiago Abascal, el vicepresidente primero y el consejero de Agricultura y Ganadería. Fuentes próximas al Gobierno de Aragón han relatado a El Debate que «el hecho de que Vox haya salido no altera nuestra hoja de ruta», dado que «lo que incluimos en nuestro acuerdo sigue siendo válido» y «está dentro de nuestro ideario». En este contexto, han subrayado sobre la llamada Memoria Democrática —cuya ley autonómica se ha derogado en esa comunidad— que en el pacto se recogía suprimir la normativa y «hacer un plan de concordia», y que «Azcón lo dijo en campaña y en el Congreso. Las leyes de Memoria son el primer ladrillo del muro que quiere construir Sánchez».

No obstante, las mismas fuentes han reseñado que aunque la ruptura «no nos va a modificar ni condicionar nuestra manera de gobernar» es «evidente que Vox es necesario, por ejemplo, para sacar presupuestos». En materia educativa han proclamado que «hubo un acuerdo para modificar la ley a la realidad lingüística de Aragón», pero que los de Abascal, al caer el Gobierno, «presentó una proposición» que excedía lo acordado.

Por su parte, fuentes del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón han indicado a este periódico que «en Aragón estamos comprobando cómo el PP ha votado en contra de iniciativas de Vox a las que se había comprometido en su propio programa electoral, como es la eliminación del catalán como lengua propia en Aragón, Proposición de Ley que planteaba la supresión del catalán y el aragonés normalizado como lenguas propias de Aragón».

«En el Pleno de esta semana el PP votó en contra a una iniciativa de Vox con la que pretendíamos la rebaja del Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados con el objetivo de reducir los gastos de compraventa de la primera vivienda, para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes. Es una medida que el PP firmó en el pacto de gobierno con Vox. En las próximas semanas tramitaremos una Proposición de Ley que ya hemos registrado, con una medida que también el PP firmó en el pacto de gobierno con Vox, respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la que pedimos reducir el impuesto autonómico estableciendo una bonificación del 99 % en la cuota. Veremos si el PP también hace lo contrario de lo que prometió a sus votantes», han agregado desde la formación que preside Abascal.

Valencia

En la Comunidad Valenciana el Gobierno de Carlos Mazón, en el inicio de su primer año sin Vox, no ha dado muestras de que piense tocar ni una coma de las leyes presentadas conjuntamente, si bien hay dos sobre las que se cierne la amenaza de los recursos ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Sánchez: la de Libertad Educativa y la de Concordia. Sobre la primera ya se ha fijado una negociación bilateral entre el Ejecutivo central y el autonómico. Su razón de ser: tratar que los 'populares' cedan y eliminen o modifiquen tres apartados de la norma relativos al valenciano en las aulas para evitar que el Ejecutivo recurra a la corte de garantías. Respecto a la segunda, el Gobierno de Sánchez también pretende negociar en esa comisión cambios o su supresión, al entender que es contraria a la legislación sobre Memoria Democrática a nivel nacional y autonómico. Cualquier cambio en alguna de las dos podría servirle a los de Abascal –que actualmente tienen al síndico en las Cortes, José María Llanos, como principal exponente en la región tras la marcha del torero Vicente Barrera– para romper la baraja en otros temas.

Y es que sobre la mesa está una inminente negociación de los presupuestos autonómicos, que el Consell presentará previsiblemente en octubre para tratar de aprobarlos antes de que finalice el año. Aquí el partido 'verde' está marcando perfil propio con el mismo pretexto que sirvió para su salida de los Ejecutivos autonómicos en los que gobernaba junto al PP: la inmigración, y en especial el reparto de menores extranjeros no acompañados. El propio Llanos esbozaba recientemente las dos líneas rojas de Vox para aprobar unas Cuentas de las que desde el primer momento han mostrado su intención de apoyar, y eso que aún no se las han remitido negro sobre blanco desde el PP. En concreto, Vox quiere evitar que los 'populares' asuman las políticas de Sánchez respecto a la llegada de inmigrantes, así como que se pueda alterar la Ley de Señas de Identidad, una herramienta fundamental para alejar a la Comunidad Valenciana del pancatalanismo. Una norma con la que Mazón también parece sentirse cómodo y que, a priori, tampoco peligraría.

Extremadura

La 'popular' María Guardiola recibió en la Asamblea de Extremadura el año pasado los votos de Vox —a cambio de la Consejería de Gestión Forestal— para llegar a la presidencia de la comunidad autónoma. Así las cosas, fuentes de la Junta han comunicado a El Debate que «la ruptura del acuerdo fue unilateralmente por parte de Vox», así que la gestión del Ejecutivo se basa ahora «en el programa electoral de María Guardiola». Además, han remarcado tanto que los de Abascal quebraron el pacto «por la inmigración» —una materia que «no aparece» en el documento— como que, en clave presupuestaria, «estamos abiertos a hablar con todas las formaciones y ha habido reuniones con todos» porque han presentado unos Presupuestos «que benefician a todos los extremeños».

En relación con la Memoria Democrática y sobre una posible ley de Concordia han aseverado que «en estos momentos, desarrollar y aprobar una nueva norma no es una prioridad para el Gobierno de la Junta de Extremadura. En el acuerdo de gobernabilidad con Vox recogíamos el impulso de una nueva ley extremeña que sirviese a la reconciliación y a la concordia, pero ese acuerdo fue roto unilateralmente por dicha formación». «La posición del Gobierno de María Guardiola es de absoluto respeto a las víctimas, de todas las sensibilidades y de todos los bandos», han apostillado.

La posición del Gobierno de María Guardiola es de absoluto respeto a las víctimas, de todas las sensibilidades y de todos los bandos

A su vez, desde Vox Extremadura sostienen, respecto a las cuentas regionales, que «no vamos a impulsar ningún tipo de presupuesto que tenga la huella del PSOE», debido a que «no nos han votado para que este tipo de gente siga». De hecho, el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo, ha demandado públicamente a Guardiola «que se defina», ya que «o pacta con el sanchismo» y «traiciona a sus o pacta con Vox». «Nosotros si nos hemos definido, presidenta. Vox ha venido para oponerse frontalmente al socialismo», añadió.

Castilla y León

En relación con la Memoria Democrática, esta semana ha decaído en las Cortes de Castilla y León la proposición de Ley de Concordia por el rechazo del PP; a pesar de que los 'populares' presentaron junto a Vox esta iniciativa. El procurador del PP, Óscar Reguera, justificó ante el Pleno el voto en contra de su grupo debido a la «la coyuntura actual» y por «razones de oportunidad, de prioridad y de prudencia». No obstante, recalcó el «convencimiento» del PP de que el texto era «constitucional».

Tras la votación, el portavoz del Grupo Vox y exvicepresidente del Ejecutivo regional, Juan García-Gallardo, lamentó que gracias al voto en contra del PP, el PSOE de Luis Tudanca «está de fiesta» y «se va a ir muy feliz a dormir». En este contexto, acusó al líder del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de no tener «palabra». «El PP ha tomado un camino y esto es un punto de inflexión para ellos», zanjó García-Gallardo.

Fuentes de la Junta de Castilla y León han comunicado a El Debate que afrontan la legislatura «con la misma ilusión, la misma energía y las mismas ganas de seguir haciendo cosas por esta tierra, generando oportunidades para los jóvenes, las familias, los trabajadores y las empresas. Castilla y León funciona: Es líder de España en Educación o en atención a la dependencia».

«Vox está plegado a los dictados de la dirección nacional de su partido. En lugar de criticar las políticas tan dañinas del Gobierno de Sánchez para Castilla y León, está obsesionado contra el Partido Popular. El Gobierno de Castilla y León siempre ha sido fiel a sus principios y lo va a seguir siendo», han dictaminado.

Baleares

Aunque en las Islas Baleares los 'populares' y Vox no mantenían en un Gobierno de coalición, ambos partidos suscribieron un acuerdo para hacer presidenta a Marga Prohens, con la abstención de la formación de Abascal. Esta semana, el PP balear ha rechazado sacar adelante el conocido como Pin Parental propuesto por Vox y que pretendía que se obligase a los centros escolares a pedir el consentimiento expreso de los padres para que sus hijos hicieran ciertas actividades extraescolares. En el acuerdo de ambos partidos se decía que «implementaremos los mecanismos necesarios para garantizar el conocimiento y la aprobación previa de materias extracurriculares, así como su voluntariedad».

Sin embargo, a principios del mes de septiembre la presidenta Prohens destacó que la ruptura del acuerdo de gobernabilidad con «no tiene vuelta atrás» y que, consecuentemente, la hoja de ruta de su Ejecutivo serán los 400 puntos del programa electoral del PP. De hecho, fuentes de Vox en Baleares han asegurado a El Debate que el Pin Parental «estaba incluido en el pacto», pero que los 'populares' «han decidido no apoyarlo». «Su acción de gobierno ahora es su programa y no nuestro acuerdo. Negociaremos ley a ley todo», han apostillado.