​El nuevo pago de Sánchez a Bildu rebasa la perversión: policías y guardias civiles, al dictado de Otegi

El Gobierno accedió a que un partido con el historial de Bildu fuera el coautor de la Ley de memoria democrática y ahora, dos años después, la reforma de la Ley de seguridad ciudadana también llevará el sello de los herederos de Batasuna. Policías y guardias civiles actuando al dictado de quienes siguen negándose a calificar a ETA como una banda terrorista; que, además, tiene en su haber el asesinato de 210 guardias civiles, 150 policías nacionales, 47 militares y 41 policías locales y autonómicos.

La formación de Arnaldo Otegi anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo para cambiar, mutilar o derogar parcialmente la que la izquierda llama «ley mordaza». Se trata de una norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que el PSOE y sus socios parlamentarios han demonizado y combatido durante años. Pero la falta de acuerdo entre ellos había impedido su reforma hasta la fecha.

La pasada legislatura, y después de años de negociación, el PSOE y Unidas Podemos pactaron el alcance de su revisión. Sin embargo, en marzo de 2023, ERC y Bildu tumbaron el nuevo texto en la Comisión de Interior del Congreso por «edulcorado» e «insuficiente». Podemos culpó del fracaso a los socialistas por no haber tenido cintura para negociar con Bildu y Esquerra.

Ahora, los socialistas han acordado con el partido de Otegi la retirada progresiva del uso de pelotas de goma por parte de los agentes y modificar las sanciones por faltas de respeto a estos y desobediencia a la autoridad. Falta concretar a qué tipo de acuerdo han llegado en torno al otro punto de fricción hasta ahora: las devoluciones en caliente, de las que el PSOE reniega pero a las que el Ministerio del Interior recurre tanto o más que en tiempos de Rajoy.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se apresuró a dar su bendición, que era indispensable: «Nos alegramos del acuerdo de Bildu porque también es nuestro acuerdo. Punto por punto. Y porque pueden trabajar sin un ecosistema político y mediático profundamente tóxico basado en el histerismo y en el reparto de pureza», escribió en la red X.

En el acuerdo de coalición que el PSOE y Sumar suscribieron al inicio de esta legislatura volvieron a incluir la derogación parcial de la Ley de seguridad ciudadana, como en el anterior mandato. El Plan de Acción por la Democracia que presentó el Gobierno hace unas semanas también aludía a esa norma, convertida en obsesión de la izquierda. Aunque de forma limitada: en él, el Ejecutivo se comprometía a reformar el artículo 36 apartado 23 de la misma, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La entente entre socialistas y Bildu se ha conocido solo unas horas después de la polémica concesión del tercer grado a los etarras Harriet Iragui y Luis Mariñelarena, por cortesía del Gobierno vasco, del que el PSE forma parte. Una prerrogativa que Alberto Núñez Feijóo definió el miércoles como la «letra oculta del pacto encapuchado entre PSOE y Bildu».

Sánchez continúa con las cesiones a sus socios al comienzo de este curso, puesto que los necesita a todos todo el tiempo, como le recordó una vez el exlendakari Íñigo Urkullu. En verano fue el acuerdo con ERC para la financiación privilegiada de Cataluña, que sirvió para que el PSC recuperara la Generalitat. Después vino la decisión del presidente de retirar la senda de estabilidad antes de su votación en el Congreso para negociarla con Junts. Un gesto que, por otra parte, provocó que el resto de partidos del bloque reclamaran su porción del pastel. Desde ERC a Bildu, pasando por el PNV y el BNG.

A mayores, el PSOE reactivó la semana pasada en el Congreso dos comisiones de investigación sobre los atentados de Las Ramblas y Cambrils y la Operación Cataluña, como gesto de buena voluntad hacia los dos partidos independentistas catalanes. También accedió a la desclasificación de documentos del CNI sobre el 17-A. Y todo a costa de convertir la Cámara Baja en pasto de teorías de la conspiración y fango en torno al CNI, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces y el Gobierno de Mariano Rajoy.

Los nacionalistas vascos también han recibido las atenciones del presidente en los primeros compases del curso. La semana pasada, los socialistas votaron a favor de la admisión a trámite de una proposición de ley del PNV que persigue aumentar el control político y judicial sobre las actividades del CNI. Lo sorprendente fue que el PNV ya llevó al Congreso esa misma iniciativa la legislatura pasada y el PSOE la vetó.

A mayores, Sánchez ha incluido en su Plan de Acción por la Democracia una reforma de la Ley de secretos oficiales, que es una vieja reivindicación de los nacionalistas vascos.