Begoña Gómez y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo
La «regeneración», para otros
Sánchez se encastilla y no endurecerá la ley que evitaría otro caso Begoña
El Gobierno no ha incluido en su Plan de Acción por la Democracia la reforma de la norma que rige para los altos cargos del Estado como él. El PSOE ni siquiera se lo planteó a Sumar
La naturalidad con la que, el martes, Begoña Gómez acudió a inaugurar un acto del máster en Dirección y Captación de Fondos de la Complutense que ella codirige (la universidad canceló el de Formación Permanente en Transformación Social Competitiva, pero no este otro) es la mejor prueba de que ni Pedro Sánchez ni ella se dan por aludidos.
Independientemente de que el camino judicial del caso Begoña sea corto o aún largo, el presidente del Gobierno no piensa cambiar las reglas del juego para que, en el futuro, una situación como la de su esposa no se repita.
Todo pasaría por una reforma de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el Ejecutivo no ha incluido esta norma en su llamado Plan de Acción por la Democracia, que contiene 31 medidas. Ni tampoco tiene previsto modificarla a lo largo de esta legislatura, al margen de ese plan.
«Entramos todos»
Fuentes de Sumar señalan que, durante la negociación de esas 31 medidas entre los dos socios del Ejecutivo, el PSOE en ningún momento puso sobre la mesa la reforma de la ley por la que se rigen los altos cargos del Estado, como lo es el presidente del Gobierno. Los socialistas en ningún momento propusieron a Yolanda Díaz y Ernest Urtasun la conveniencia de aprovechar el caso Begoña para mejorar la normativa referente a las limitaciones del presidente y sus familiares de primer grado. Y tampoco Sumar se lo reclamó.
Preguntada al respecto de esta ocasión perdida, la portavoz del Ejecutivo señaló: «El Plan tiene un objetivo claro, que es mejorar la calidad democrática y por tanto la transparencia. Y ahí, desde luego, entramos todos», zanjó.
La norma que impulsó el PP en 2015 se ha quedado anticuada, sobre todo en lo relativo a la regulación de las puertas giratorias. En cualquier caso, esta ley incluye en la definición de conflicto de intereses de un alto cargo de la Administración General del Estado «los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad».
El martes quedó constituida en la Moncloa la comisión interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción por la Democracia, bajo la presidencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El mismo que dirige y lidera la campaña del Gobierno contra el juez Juan Carlos Peinado.
La comisión de seguimiento del Plan de Acción por la Democracia
En opinión del Ejecutivo, se trata de un ambicioso proyecto para «ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral». En realidad, Un totum revolutum de reformas legislativas que, a juicio de la oposición, supone una involución en libertades y derechos fundamentales y un ataque indiscriminado contra la prensa libre. Su particular respuesta al caso Begoña.
El vicepresidente de la comisión es el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Y de ella también forman parte las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz; los ministros Fernando Grande-Marlaska, Carlos Cuerpo y Óscar López; y el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Sus miembros se reunirán, al menos, una vez cada tres meses.
Uno de los ejes de este plan es «ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental». Yendo a las medidas concretas, el Ejecutivo se compromete a aprobar una nueva Estrategia de Gobierno Abierto y un proyecto de ley de administración abierta para «ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés». Sin entrar más en detalles ni acotaciones.
Es decir, quiere hacer tabula rasa cuando ya hay dos leyes que podría reformar. Una es la consabida Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado -la que atañe directamente al presidente- y otra es la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ambas aprobadas durante la mayoría absoluta de Rajoy.
Además, el responsable de dar forma a ese hipotético proyecto de ley de administración abierta será el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. El mismo que, el 1 de abril de 2024, siendo jefe de Gabinete de Sánchez, telefoneó al empresario Carlos Barrabés para pedirle «sacar de la ecuación» a Begoña Gómez, para evitar que le afectara el escándalo, como desveló El Debate.