El CGPJ inicia los nombramientos en la cúpula del Supremo con las presidencias de cuatro de sus cinco Salas

El objetivo es «cubrir las vacantes de acuerdo a los principios de mérito y capacidad» sin olvidar «el cumplimiento de las exigencias legales» de aplicación en el proceso, como los criterios de paridad.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne esta semana para arrancar con los nombramientos bloqueados en la etapa anterior que obligarán a convocar más de un centenar de puestos en la cúpula judicial de nuestro país, de acuerdo con las recomendaciones fijadas por la Comisión de Calificación, que ha fijado nuevas bases para cubrir las plazas judiciales discrecionales pendientes de renovación.

El proceso arrancará, sin embargo, con las presidencias de las cuatro Salas del Supremo –de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo y de lo Social– ya que, según ha podido adelantar El Debate, «es necesario evitar que las mismas estén sin dirección estable» en unos momentos en los que algunas de ellas tendrán que gestionar asuntos de enorme trascendencia. Un escenario para el que no es viable actuar con tres magistrados, en lugar de los cinco que marca la ley, como está sucediendo, desde hace meses, en el caso de la Sala Cuarta de lo laboral.

A ello hay que sumar el escenario de interinidad que afecta a los titulares de tres de las cabeceras y el que se abre, por ejemplo, en la Sala Segunda, presidida hasta la fecha por el juez Manuel Marchena, que agotará su segundo mandato al frente del Departamento de lo Penal, el próximo día 5 de diciembre, en puertas de la posible imputación del fiscal general del Estado o el eventual y futuro procesamiento del ex ministro de Transportes, todavía diputado, José Luis Ábalos por el caso PSOE.

Así las cosas, a los tres informes preceptivos que son necesarios, hoy por hoy, para la conformación del juicio necesario en la elección de los candidatos a cubrir los puestos (el del Servicio de Inspección, el de la Sala de Gobierno del Supremo y el de la Comisión de Igualdad) se sumará un cuarto certificado: el de la Sección de Apoyo a la Comisión Disciplinaria del Servicio de Personal y Oficina Judicial en el que se dejará constancia de los antecedentes disciplinarios, si los hubiese, de cada uno de los aspirantes.

Cambio del sistema de elección

En otro orden de tareas pendientes para el recién estrenado Consejo, este mismo lunes quedaba constituido el grupo de trabajo con el que se dará cumplimiento al mandato legal derivado del pacto alcanzado entre PP y PSOE, con el visto bueno de Bruselas, para la confección de un informe sobre el futuro cambio del sistema de elección de los vocales del órgano.

El grupo de trabajo creado por acuerdo del Pleno del CGPJ del pasado 25 de septiembre, estará coordinado y dirigido por los vocales Bernardo Fernández Pérez, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Argelia Queralt Jiménez, quienes contarán con la colaboración de los servicios técnicos del Consejo, necesarios para su eficaz funcionamiento, y que han acordado un calendario de trabajo con reuniones semanales para emitir el dictamen correspondiente en el plazo establecido por la disposición adicional aprobada.

Esta señala que en el plazo de seis meses, computados desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica, el Consejo General del Poder Judicial «elaborará un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos».

La propuesta «será trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación».