Un juez investiga por intrusismo al empresario que denunció a Alvise Pérez

Un juzgado madrileño ha admitido una denuncia colectiva contra el cabecilla de la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, Álvaro Romillo –que entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez– por intrusismo profesional, al haber prestado servicios de asesoría financiera sin titulación.

En un auto fechado el pasado 4 de octubre, el juzgado de instrucción número 25 de Madrid acuerda abrir diligencias, así como dirigirse a la Fiscalía para que se pronuncie.

La denuncia data del pasado 29 de septiembre y en ella, el bufete Aranguez Abogados señala que a varios de los afectados Hacienda les está exigiendo una regularización tributaria.

Romillo se ha dedicado a publicar vídeos a través de su perfil en TikTok (@criptospain), que contaba con más 212.000 seguidores, normalmente relacionados con la elusión fiscal y la inversión en criptomonedas, prevaliéndose de su falsa condición de «experto en materia fiscal y tributaria» para generar sensación de seguridad en los usuarios de dicha plataforma.

Al margen de esta denuncia, la Audiencia Nacional investiga ya, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, a Romillo por estafa, tras las denuncias presentadas por la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.

El titular del juzgado central de instrucción número 4, José Lis Calama, apreció con «meridiana claridad» hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa; además, como el perjuicio denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, por encima del mínimo requerido -once millones-, es competencia de la Audiencia Nacional.

Se trata, según el juez, de un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, cuya instrucción requerirá previsiblemente comisiones rogatorias internacionales.

La cifra de afectados podría superar los 27.000, y en cuanto al importe defraudado, si bien solo constan de momento los once millones de euros citados, en total podría superar los 300.

Por lo que respecta a Alvise Pérez, Álvaro Morillo presentó ante la Fiscalía General del Estado una autodenuncia en la que admitía haber entregado al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) 100.000 euros para publicitar su plataforma.

Tras conocer estos hechos, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas amplió su denuncia inicial para solicitar que el juzgado se inhibiera en favor del Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado y, por tanto, de aforado.

Pero Calama considera que dicha petición no puede ser atendida sin formular la correspondiente exposición razonada en la que debería motivar las razones que le asisten para creer que es competente el alto tribunal.

El fundador de Madeira Invest, Álvaro Morillo, conocido en redes sociales como CriptoSpain, se anunciaba como experto en elusión fiscal, y con este argumento logró convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50 %, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.

Para acceder al club era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, que posteriormente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas.

Desde el bufete Aranguez aprecian que la decisión del juzgado madrileño «ayuda enormemente al procedimiento de recuperación de capital» de los afectados.