El diputado del PP José Manuel Velasco, que hizo de portavoz. Es doctor en Derecho
En el punto de mira
Los cinco diputados del PP y de Vox que cayeron en la enmienda trampa son licenciados en Derecho
Los cinco -tres del PP y dos de Vox- formaron parte de la ponencia de 15 diputados que primero debatió y enmendó el proyecto de ley. Uno incluso es doctor en Derecho, el popular José Manuel Velasco
«Esto no tiene marcha atrás», se lamentó la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce. Y no la tiene. La reforma de la ley orgánica 7/2014 que permitirá a etarras como Txapote y Kantauri quedar en libertad antes será publicada en el BOE y entrará en vigor aun con el rechazo del Senado, y sin necesidad de volver al Congreso, donde ya fue aprobada el 18 de septiembre por unanimidad: con el voto a favor del PP y de Vox.
El PP utilizó este martes su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar ese punto del orden del día del Pleno de hoy y ganar algo de tiempo, nada más que eso. Porque los populares tendrán que convocar un Pleno extraordinario el próximo lunes, fecha límite. Entonces votarán en contra, como también Vox, pero no servirá de nada. Solo serviría que el Gobierno retirara el proyecto de ley orgánica de su tramitación, y no lo hará. Ya lo dejó bien claro su portavoz, Pilar Alegría, quien además recriminó a los populares que sigan utilizando a ETA «de forma partidista» 13 años después. «Es indigno que utilicen el terrorismo para tapar su vacío de propuestas», sostuvo.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, reiteró sus disculpas a las víctimas por «no haber detectado antes las intenciones reales del Gobierno» y afirmó compartir «el sentimiento de repugnancia que hoy sienten miles de españoles ante la trampa del Gobierno, del PSOE y de Sumar». Isabel Díaz Ayuso fue más dura y tildó de «error gravísimo» por parte de la oposición no haberse dado cuenta de lo que estaban votando.
El PSOE y sus socios habrían aprobado el cambio legal que beneficia a algunos de los más sanguinarios etarras -camuflado en una enmienda del Sumar- incluso con el voto en contra del PP y Vox. Pero la polémica por el fallo de sus asesores, asistentes y diputados continúa.
El foco está puesto en los parlamentarios de la Comisión de Justicia del Congreso que formaron parte de la ponencia. Esto es, un grupo de diputados que se encarga del primer cepillado de un proyecto o proposición de ley. Negocian e incluyen algunas enmiendas de los grupos y rechazan otras. Elaboran un informe (puede leerlo íntegro aquí) que someten a votación de la comisión parlamentaria de turno y éste se convierte en dictamen.
La ponencia del controvertido proyecto de ley orgánica contó con la participación de 15 diputados. Por parte del PP fueron tres y por la de Vox, dos. Los cinco tienen en común que son licenciados en Derecho, cuanto menos.
La terna del PP la compusieron el diputado sevillano Rafael Benigno Belmonte, abogado de profesión y para el que ésta es su primera legislatura en las Cortes. En segundo lugar, el toledano José Manuel Velasco, también novato en el Parlamento, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y la orensana Ana Belén Vázquez, licenciada en Derecho, azote del ministro Fernando Grande-Marlaska y veterana en estas lides, puesto que lleva en el Congreso desde el año 2000.
No obstante, esta última faltó el día de la votación en comisión por motivos personales (el 10 de septiembre) y fue sustituida en esa sesión por la diputada salmantina María Jesús Moro, doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca y portavoz titular de la Comisión de Justicia. Moro ocupa un escaño desde 2011.
La representación de Vox estuvo encabezada por el diputado y abogado Pedro Fernández, que alcanzó notoriedad hace años porque fue letrado en el juicio del procés junto a Javier Ortega Smith. Y el cántabro Emilio del Valle, también licenciado en Derecho y portavoz adjunto en la Comisión de Justicia. Ambos llegaron al Congreso en el 2019.
El PSOE tuvo tres miembros en la ponencia. De ellos el más destacado es el diputado Artemi Rallo, catedrático de Derecho Constitucional. También María Adrio y Margarita Martín.
En Sumar llevó la voz cantante Enrique Santiago, que es el portavoz de Justicia del grupo parlamentario que comanda Yolanda Díaz. Durante la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso en la que se aprobó el dictamen de la ponencia, Santiago hizo alusión a los etarras beneficiados, pero de forma tan velada que pasó desapercibida. En concreto, se felicitó de que la reforma acabara con «supuestos de discriminación con ocasión de procesos penales en la Unión Europea, discriminación que curiosamente solo padecían ciudadanas y ciudadanos españoles». La otra representante de Sumar fue la diputada Verónica Martínez.
La cuota de Bildu fue el diputado Jon Iñarritu, que lleva los asuntos de Justicia, Interior y Defensa en la formación. Por parte del PNV, Mikel Legarda. Completan la lista de la ponencia Pilar Vallugera, de ERC; Josep María Cervera, de Junts; y la diputada de Podemos Martina Velarde, que representó al Grupo Mixto (donde también están UPN y Coalición Canaria).
