Las acciones jurídicas de Vox que cercan a Sánchez y a su Gobierno en los tribunales

Ala vista de las informaciones que revelan los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Vox ha endurecido aún más su ofensiva en los tribunales para tratar de llegar al final de los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez, su Gobierno, su partido y su entorno familiar, convencido de que el futuro del jefe del Ejecutivo socialista «pasa por el banquillo de los acusados», como aseguró José Antonio Fúster, su portavoz nacional, en la rueda de prensa convocada de urgencia este domingo ante la gravedad de los últimas noticias.

Para Vox, los datos que desvelan los informes de la Benemérita «apuntalan la comisión de delitos públicos relacionados con la corrupción que degradan hasta la miseria nuestras instituciones», tales como el cohecho, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal. Los hechos implican, como resaltaron Fúster y la coordinadora jurídica de la formación, Marta Castro, a una treintena de cargos públicos, a amigos cercanos de Sánchez, a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, conocido como David Azagra.

En todos estos casos, en el llamado caso Koldo, o caso PSOE, que investiga la Audiencia Nacional, en el caso Begoña Gómez, que se sigue en el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, y en el de su hermano, en el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, el partido de Abascal está personado como acusación popular.

En cuanto al caso Koldo, Vox va a pedir que declaren como testigos el exministro de Sanidad y presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, la expresidenta de Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y, ya no como testigo, sino como investigado, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, dado que el informe de la UCO le señala como el responsable «directo» de los contratos de mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.

Pero también, de momento como testigo, pedirán la citación de Pedro Sánchez. En este caso, como subrayó Ignacio Garriga, secretario general del partido, el presidente del Gobierno «no va a tener ningún salvoconducto» porque no testificará como familiar -lo que alegaba en la declaración por el caso de su mujer ante el juez Juan Carlos Peinado en Moncloa-, sino que «va a tener que responder por ser el 'número 1'». Marta Castro apuntó que no tardaría en tener que declarar ante el Supremo, y además como investigado. Y es que la UCO, en su informe remitido a la Audiencia Nacional, le señala como «el 1» en los casos Air Europa, Koldo y también Delcy.

Cabe señalar que este último, el conocido como 'Delcygate', fue archivado en 2021, y ahora, tras el informe de la UCO, Vox ha pedido reabrir la causa, puesto que en este documento, los agentes desvelan que Sánchez conocía y autorizó al exministro Ábalos la visita de Delcy Rodríguez, la número dos de Nicolás Maduro, a España en 2020, pese a que tenía prohibido por la UE entrar en el espacio Schengen.

Siguiendo con el caso Koldo, la coordinadora jurídica de Vox señaló que se ha evidenciado lo que su partido apuntó en la querella contra el exministro Illa por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, dada la existencia de una comisión interministerial con cuatro ministros y que, a la luz de las declaraciones en la Audiencia Nacional, se ha sabido que Sánchez conocía. Así, Vox ha ampliado su querella contra el presidente catalán, contra el director general de INGESA y otros cargos del Ministerio de Sanidad. También el partido ha anunciado una querella contra Francina Armengol, por los contratos de material sanitario en Baleares durante la pandemia. E igualmente presentará una denuncia por la intervención de los contratos en La Rioja.

Como acusación popular, Vox ha solicitado asimismo que declaren como testigos los responsables de Globalia a los que el exCEO de la compañía Javier Hidalgo citó cuando declaró ante el juez de la AN que instruye la causa «como conocedores de los detalles de la intervención», así como el empresario Ignacio Díaz Tapia, como investigado, por estar vinculado a la trama con la empresa Pronalab, y empresas portuguesas constituidas en Elvas (Portugal), algo que, como apuntó Marta Castro, han pedido averiguar en el juzgado de instrucción de Badajoz -que es donde se sigue el caso del hermano de Sánchez-.

Respecto al caso Begoña Gómez, toda vez que la Audiencia Provincial de Madrid acotó la investigación dejando fuera los hechos relativos a Globalia, Vox ya ha anunciado, tras el informa de la UCO, que va a ampliar su querella a esta entidad. Vox en este procedimiento judicial ya pidió la comparecencia de Sánchez, que, como se ha comentado anteriormente, se acogió a su derecho a no declarar, al ser cónyuge de la investigada. Abascal ha lanzado en repetidas ocasiones una pregunta al presidente del Gobierno, sin respuesta: «a cuántos CEO de empresas cotizadas que dependen de la regularización pública llamó personalmente para que recibieran a su mujer».

Por otra parte, la formación ha informado de que va a solicitar la pieza separada o querella de los contratos con Correos, que afectan a Pedro Saura, José Manuel Serrano, Israel Pilar Ortiz y otros amigos de Sánchez. Además, como también indica la formación, pedirán una pieza separada para la revisión del expediente de concesión de los fondos de la SEPI, dirigida por Bartolomé Lora Toro, esto es, los expedientes de Air Europa y Duro Felguera.

El portavoz nacional, Fúster, recordaba este domingo las palabras que pronunció Sánchez en la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy: «¿Qué más tiene que pasar para que entienda que su presencia al frente del Gobierno es dañina y un lastre para el país?». Así, ante estos hechos, Vox ha exigido la dimisión del jefe del Ejecutivo y la convocatoria inmediata de elecciones. El propio Abascal, nada más conocer el informe de la Guardia Civil, urgió a Sánchez a dimitir y entregarse ante la justicia.