Corrupción en el Gobierno de Sánchez
Las contradicciones de los testigos, el Porsche de Aldama en el Ministerio de Ábalos y las mascarillas perdidas cercan al PSOE
La causa avanza arrastrando, consigo, a varios ministerios y comunidades socialistas. Todos reconocen, de uno u otro modo, haber contactado con Koldo para acceder a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión
El PP pide identificar a los recepcionistas de la sede del PSOE cuando se hizo la presunta entrega de 90.000 €
Una investigación judicial es como un rompecabezas en el que es necesario encajar todas las piezas, y encontrar las que faltan, para tener una imagen más o menos global de la situación. Ésta es la fase preliminar en la que se encuentra, hoy por hoy, el juez instructor Ismael Moreno de la Audiencia Nacional entre las declaraciones de los testigos, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los datos contenidos en informaciones periodísticas sobre el que, ya ha sido calificado, como «el 1» de los casos de corrupción en la historia de nuestra democracia.
La presunta «organización criminal» liderada por el empresario Víctor de Aldama, presidente del Zamora Fútbol Club –que, como «nexo corruptor» de la misma, captó, entre otros, a la mano derecha del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, para sus negocios–, entró hasta la cocina del Gobierno subido en un Porsche que el comisionista aparcaba en la sede de Transportes como Pedro por su casa.
Siete ministerios salpicados, dos comunidades autónomas socialistas, Baleares y Canarias, bajo la lupa; y, un sinfín de escándalos que cercan la gestión de todo un Ejecutivo, por la compraventa presuntamente irregular de material sanitario a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, en los peores momentos de la pandemia. Los investigadores de la policía judicial rastrean más de 170 paquetes con terminales (móviles, ordenadores, tablets,...) incautados durante los registros del pasado mes de febrero en busca de claves para depurar lo ocurrido.
Hasta la fecha, los hechos relevantes apuntan a toda una cascada de contratos públicos de los que se habría beneficiado la estructura de Aldama, gracias a la mediación con Koldo en su propio Ministerio pero que, en cuestión de días, se extendió a otros Departamentos supuestamente comprometidos como Sanidad, Hacienda o Interior.
No en vano, el 'número 3' de este último, el ex comisario de confianza de Fernando Grande-Marlaska, José Antonio Rodríguez alias 'Lenin', confirmaba este lunes, en su declaración como testigo ante el juez, haberse puesto en contacto con el hombre de Ábalos para arrancar la compra de equipos de protección contra la Covid-19. Alguien le dio la indicación de hacerlo aunque ayer mismo aseguró «no recordar» quién le facilitó el teléfono de Koldo que, a su vez, le derivó a uno de los socios de Aldama, Íñigo Rotaeche, con el cual a partir de entonces interlocutó otro ex alto cargo de Interior, Daniel Belmar. «Lo que decía [Lenin] era como si lo dijese el mismísimo ministro», confirmaba Belmar durante su comparecencia en la Audiencia Nacional.
Ésta sólo ha sido una de las lagunas en los testimonios que se han prestado en el marco de las pesquisas. Las dos inspectoras designadas por el actual ministro de Transportes, Oscar Puente, para aclarar lo ocurrido durante la etapa de su predecesor en el cargo José Luis Ábalos desmentían la versión dada por varios cargos sobre el paradero de un importante número de mascarillas cuyo «destinatario no está justificado» todavía.
La corrupción del Gobierno en la Audiencia Nacional
Las autoras del informe encargado por Puente sobre Ábalos aseguran que «hay 6 millones de mascarillas» sin justificar
Un total de 6 millones de unidades adquiridas por el Departamento de Ábalos llegaron al aeropuerto de Barajas pero, una vez allí, su pista se pierde en la distribución. Y la explicación de que se cedieron al Ministerio de Interior para que luego fueran reembolsadas en la misma cantidad, ha quedado desacreditado por las auditoras Sara Anguita y Ana Balbás. Ambas han reducido esta tesis a una pequeña donación de material que, en modo alguno, permite explicar el destino final de la mayor parte del mismo.
Así las cosas, si algo queda claro es que lo que empezó como un caso de presunta corrupción, bajo el nombre de 'Koldo', se perfila cada vez más como una red opaca que se infiltró en la Administración estatal a través de distintos «departamentos ministeriales» y que señala, ya, a varios cargos socialistas de máxima responsabilidad. Contratos públicos de dudosa legalidad, 'mordidas', pagos en efectivo y otras retribuciones,... son la punta del iceberg que cerca al PSOE en el Gobierno.