La Fiscalía Anticorrupción pide al Supremo que investigue al exministro Ábalos por la corrupción del caso PSOE

La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de delito suficientes contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos por su presunta intervención en la trama de corrupción que cerca al Gobierno, en el denominado 'caso PSOE', y ha pedido al juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que eleve exposición razonada al Tribunal Supremo para poder investigarle dado que, como diputado electo, conserva la condición de aforado.

En el escrito remitido por el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción Central número 2 de la AN se hace referencia al contenido del informe aportado, la semana pasada, por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con las conclusiones relativas a los datos, informaciones y hechos relevantes para la causa abierta, al hilo del volcado de los más de 170 dispositivos incautados durante los registros y detenciones practicados el pasado mes de febrero.

En el citado informe, conocido la pasada semana, los agentes atribuían al que fuera titular de Transportes un «papel relevante» y de «responsabilidad» directa en la adjudicación de contratos públicos para la compraventa de material sanitario, en concreto mascarillas, a la empresa Soluciones de Gestión, propiedad del comisionista Víctor de Aldama, «nexo corruptor» de la «organización criminal» diseñada para conseguirlos.

Según la UCO, «la enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García, su exasesor), (el empresario Víctor de) Aldama y la organización criminal dinamizada por este último».

Así las cosas, el Instituto Armado sostiene que «se debería investigar qué relación tendría el exministro» con la «organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada», condición ratificada por el Congreso de los Diputados, tal y como ayer publicaba El Debate, en primicia.

Entre la batería de «indicios» a los que hace referencia la UCO en su informe, los investigadores explican que –gracias a las «evidencias intervenidas a Aldama y Koldo» y las conversaciones interceptadas– han «hallado una relación de carácter económico entre De Aldama y Koldo - Ábalos».

El polémico rescate de Air Europa

La Guardia Civil también precisaba que «las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar de manera indiciaria como De Aldama se valió de su relación con Koldo-Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa».

Según consta en el informe, «el 16 de julio de 2020 se habrían reunido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien De Aldama en conversaciones con personas de su círculo más próximo se refiere como 'el 1'; Nadia Calviño, a quien denomina «la de Hacienda»; y, el propio «Ábalos».

Los agentes recalcaban que el día que se celebró dicha reunión, De Aldama y el entonces consejero delegado (CEO) de Globalia Javier Hidalgo habrían acudido al Ministerio de Transportes para reunirse con Ábalos.

La visita de Delcy, conocida por Sánchez

Al margen de todo lo anterior, la UCO señalaba que Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haría una visita privada a España y que le había pedido verse «discretamente». Según dijo, el jefe del Ejecutivo no puso «pegas». «Bien», respondió en un mensaje «el 1».

«La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», rezaba el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, del que consta una captura de pantalla en el informe de la UCO.

Los agentes consideran que de dicho mensaje, que Ábalos remitió en una captura de pantalla a Koldo, «se aprecia» que se «obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy».

A su vez, apuntaban que –durante la permanencia de Ábalos y Koldo en el Ministerio– De Aldama, realizó «habitualmente» diversas actividades como «labores de intermediación entre España y Venezuela». También se comunicó con Delcy Rodríguez para trasladarle un mensaje «del jefe» en relación a la reunión del opositor venezolano Leopoldo López con Pedro Sánchez en la sede del PSOE, según el informe.

La UCO subrayaba que De Aldama y la 'número dos' de Nicolás Maduro trataron «asuntos de gran sensibilidad» para ambos, incluido temas ligados con la compraventa de oro venezolano.

Chalets, pisos y pagos en especie de Aldama

Además, los investigadores insistían en que hay indicios suficientes, «obtenidos de manera directa del material obrante en la causa», que «vincularían la participación de Ábalos en los contratos investigados, con la compra por parte de De Aldama de un chalet para el propio exministro».

Sobre este extremo, precisaban que De Aldama –considerado el presunto conseguidor de la trama– «gestionó la compra del chalet, inicialmente a través de una serie de ciudadanos venezolanos que se inicia pero no culmina de manera exitosa», y, posteriormente, «valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos».

La UCO apuntaba que Ábalos llegó a «disponer» del chalet 'La Alcaidesa' –situado en La Línea de la Concepción– y pudo incluso poner «en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos». Dicha propiedad, señalan los agentes, fue adquirida por De Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario.

En el informe figuraba también otro inmueble. La UCO ha hallado «evidencias» de que un presunto «testaferro» pagó 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza España, Madrid, en el que residía J.R.G., pareja de Ábalos.

De las conversaciones intervenidas, los investigadores señalaban que la mujer tenía un contrato laboral con INECO –empresa dependiente del Ministerio de Transportes– y estuvo en la empresa pública TRAGSATEC –dependiente de la SEPI–.