García Ortiz dice que no está imputado y que «volvería a hacer esa nota» sobre el novio de Ayuso

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, reafirmó este miércoles en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE que no está imputado en ninguna causa judicial y que «volvería a hacer» la nota que emitió sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, un comunicado que ha sido duramente criticado por sectores que lo acusan de actuar en defensa de los intereses políticos del entorno de la presidenta madrileña. Lejos de rectificar, García Ortiz insistió en que su actuación fue correcta y que el contenido de la nota no obedecía a ninguna presión externa. «Yo sé que no filtré ningún correo», aseguró, defendiendo su integridad en medio de la tormenta mediática.

El fiscal general también respondió a las preguntas sobre si siente que es víctima de una campaña de lawfare (la judicialización de la política). «Tengo el máximo respeto a lo que pueda hacer o decir el Tribunal Supremo, que es la premisa de todo esto. Quienes encarnamos las instituciones no podemos decir otra cosa», afirmó, subrayando que una de las razones por las que se mantiene en su puesto es «para defender la integridad de las instituciones».

Sin embargo, las declaraciones de García Ortiz han dejado en evidencia un profundo malestar con las críticas que lo rodean. A pesar de su defensa, el hecho de que la figura del fiscal general del Estado sea nombrada por el Gobierno sigue generando sospechas sobre su imparcialidad. En la entrevista, reconoció sentirse en una «sensación de indefensión», explicando que, aunque no está «indefenso en el sentido judicial», la figura del fiscal general «no tiene los resortes para contestar a todas las insinuaciones». Este comentario parece una velada queja por la presión pública que enfrenta y por la incapacidad de responder ante los ataques políticos, un terreno donde, según él, debe mantenerse neutral.

El tono de García Ortiz a lo largo de la entrevista fue desafiante, particularmente en lo que respecta a su relación con el Tribunal Supremo. Al ser preguntado si sus recientes roces con el tribunal, como la cuestión de la amnistía, podrían estar detrás de la tensión actual, respondió tajantemente: «Creo que no», aunque matizó que «nadie debe molestarse, porque la Fiscalía tiene derecho a presentar sus propias tesis». Estas declaraciones dejan entrever que las diferencias entre la Fiscalía y algunos sectores judiciales pueden ser más profundas de lo que quiere reconocer.

Respecto a las peticiones de dimisión, especialmente por parte de dos asociaciones de fiscales que han exigido que abandone su cargo, García Ortiz no dudó en rechazar esa posibilidad. «No es la primera vez en estos dos años», señaló, pero subrayó que la actual situación tiene «suficiente gravedad» como para justificar la emisión de una nota pública y la convocatoria de la Junta de Fiscales. A pesar de esto, insistió en que la Fiscalía debe ser una «institución fuerte» capaz de resistir cualquier embate. «Tiene que ser un tsunami lo que derribe a un fiscal general del Estado. Irse o dimitir no tiene vuelta atrás», declaró, justificando así su decisión de mantenerse en el cargo.

Con estas declaraciones, García Ortiz intenta mostrar firmeza y defender su labor, aunque no ha logrado despejar las dudas sobre la independencia de su gestión, que sigue estando bajo el escrutinio de la opinión pública y de la clase política. Mientras tanto, la controversia en torno a su figura sigue creciendo, en un momento especialmente delicado para la justicia española.