El PP reclama a Bolaños comparecer en el Senado tras la imputación de García Ortiz

El Partido Popular, con mayoría en el Senado, ha registrado este miércoles una solicitud de comparecencia del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la Cámara Alta para que informe sobre las medidas que va a adoptar después de que el Tribunal Supremo haya imputado este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. El partido de Alberto Núñez Feijóo le citará en la Comisión de Justicia, y además, le preguntarán por este tema en la sesión de control al Gobierno que el Senado acoge la semana que viene.

Nada más conocerse la noticia, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha denunciado que «nunca en la historia democrática un fiscal general del Estado ha estado imputado» y ha lamentado que quien se supone que debe liderar la persecución de los delitos esté ahora imputado «por cometer uno muy grave».

«Esta es la democracia al revés a la que nos ha conducido Sánchez con su colonización de las instituciones. Su situación, como la del presidente del Gobierno es insostenible. Debe dimitir ya o Sánchez debe pedir su cese», ha manifestado García en su cuenta de X.

Esta mañana, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, que ha denunciado igualmente la «degradación» progresiva de las instituciones, ha exigido la inmediata dimisión de García Ortiz: «No puede seguir ni un minuto más en el cargo». «Esto se suma ya al infinito goteo de corruptelas y anomalías que acechan a este Gobierno y a todo lo que le rodea», ha remarcado Gamarra.

Toda la oposición pide esa dimisión, pero no solo. Como ha contado El Debate, la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) ha indicado que es «inevitable» que el fiscal general abandone su cargo. «La condición de investigado de quién dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes la representamos diariamente con vocación casi 2.800 mujeres y hombres», ha señalado. Y en la misma línea, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha recalcado en un comunicado que es «absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito».