El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
Cuando García Ortiz pedía las dimisiones a otros fiscales generales por mucho menos que estar imputados
el Tribunal Supremo (TS) ha decidido imputar, por primera vez, a un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debido a la presunta revelación de secretos de la que le acusa Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Una sala de cinco magistrados, con Susana Polo como ponente y Manuel Marchena como presidente, ha acordado por unanimidad abrir causa contra García Ortiz por el tipo penal de de revelación de secretos por una nota de prensa enviada el 14 de febrero por la Fiscalía de Madrid donde se revelaban correos electrónicos de las negociaciones para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso, Julián Salto.
La degradación institucional
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El jefe del Ministerio Público ha respondido anunciando que seguirá en el cargo por estar convencido de que «es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía». No obstante, en junio de 2017 el propio García Ortiz, como miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) pidió la dimisión del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, debido a su gestión de la Fiscalía Anticorrupción.
«Pedimos la dimisión del Fiscal General del Estado. #MazaDimisión», escribió esta asociación izquierdista en sus redes sociales debido a una entrevista que le realizaron a García Ortiz en Atresmedia. Así las cosas, el actual dirigente del Ministerio Público pidió la dimisión hace seis años de uno de sus antecesores en el cargo por un motivo de menor calado que una imputación ante el Alto Tribunal.
