El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Su estrategia de defensa
La Moncloa confía en que ninguno de los periodistas que recibió la filtración delate al fiscal general
En el Ejecutivo llevan desde el miércoles tratando de ampliar el círculo de personas que tenían acceso a los correos electrónicos entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal del caso
El Gobierno sangra por la herida de la imputación del fiscal general del Estado. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, lamentó este jueves en RNE que el Tribunal Supremo se haya prestado a una resolución así, cuando lo único que hizo Álvaro García Ortiz fue «deshacer el bulo» de la Comunidad de Madrid.
En la Moncloa se han autoconvencido de que García Ortiz saldrá limpio porque nadie podrá probar que fue él quien filtró a algunos periodistas los correos electrónicos que se enviaron el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal de Delitos Económicos que llevaba el caso, Julián Salto. Puesto que auguran que los periodistas elegidos que recibieron la información se acogerán a su derecho a no revelar sus fuentes. La Constitución ampara el derecho al secreto profesional de la prensa.
Esos emails fueron publicados por medios cercanos al PSOE en la noche del 13 de marzo: la SER, El País, La Sexta y El Plural, «estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial (de Madrid)», detalla la Sala Segunda de lo Penal del Supremo. A la mañana siguiente, la Fiscalía emitió la famosa nota de prensa.
El propio García Ortiz negó el miércoles por la noche, en una entrevista en TVE, haber facilitado esos corros electrónicos a determinados periodistas. «Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir», señaló.
En el Ejecutivo llevan desde el miércoles tratando de ampliar el círculo de personas que tenían acceso a esos correos electrónicos, para demostrar que la filtración pudo venir de muchas partes. No solo del fiscal general o de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Les salen, al menos, 30.
Según la versión gubernamental, que es también la de García Ortiz, ese correo se envió a una cuenta general a la que tienen acceso todos los fiscales de Delitos Económicos de Madrid. También, a la Fiscalía Provincial de Madrid, a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía General del Estado.
No obstante, ocurre que, en su día, El Mundo publicó cómo la noche del 13 de marzo el fiscal general removió Roma con Santiago hasta hacerse con los correos electrónicos que intercambiaron el abogado de Alberto González Amador y el fiscal de su caso.
