García Ortiz se atrinchera en su cargo pese a la oposición mayoritaria del Consejo y los fiscales del Supremo

Álvaro García Ortiz tenía tomada la decisión de no dimitir desde antes de sentarse, este jueves, frente a la Junta de fiscales de Sala 'el generalato' del Supremo, donde está imputado por un presunto delito de revelación de secretos; y, de presidir la mesa del Consejo, su máximo órgano consultivo como fiscal general. Por eso nada de lo que se dijo en el transcurso de ambos cónclaves le ha hecho cambiar de opinión, «por el bien de la Institución», sobre su continuidad en el cargo, como le pidieron la mayoría de vocales y más de una docena de veteranos magistrados del Alto Tribunal.

García Ortiz se presentó, a primera hora de la mañana, frente a los 34 profesionales de la Carrera que han accedido al máximo del escalafón, con la intención de dar explicaciones sobre los motivos que, aún estando investigado penalmente, le han llevado a permanecer en su cargo. «No puede ser», le reprocharon varios de los presentes. «No es admisible que el fiscal general se presente en el Supremo a declarar como investigado», añadieron las voces más críticas.

Y es que, más allá de los afectos personales, las simpatías o las lealtades –cabe recordar que sólo 10 de los miembros de la Junta, nombrados durante su mandato o el de su predecesora Dolores Delgado, se pronunciaron expresa y rotundamente a favor de García Ortiz–, lo cierto es que, para la mayoría de sus colegas de profesión, «valerse del aforamiento» para destruir el «maltrecho» prestigio de la Fiscalía «resulta desolador».

Ajeno a las críticas o, al menos, inmune a ellas, el fiscal general del Estado tomó la palabra el primero para insistir en la misma línea de lo que ya había adelantado un día antes a la opinión pública, en una nota institucional por escrito, remitida desde la oficina de prensa del Ministerio Público en la que aseguraba que su nueva situación procesal no alteraría su trabajo como máximo responsable del mismo. Algunos de sus más fieles defensores llegaron a calificar, durante la Junta, la decisión del Supremo como un «capricho» de la Sala Segunda pese a que fue tomada de manera unánime, y muy meditada, por magistrados de todas las sensibilidades.

De acuerdo con sus propias palabras, el hecho de que se hubiese elevado contra él esa exposición razonada al Supremo «no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución» ni «por supuesto» su «trabajo ordinario».

Pero «esto no es cierto», «afecta y mucho» a la labor de los «más de 2.800 hombres y mujeres» que, a diario, se afanan por seguir defendiendo la legalidad que, él mismo «ha reconocido haber vulnerado» al revelar datos confidenciales «de un particular» a los que, además, «ha tenido acceso por su posición», apuntaban algunas de las fuentes consultadas por El Debate a la salida del 'generalato' de este jueves y tras terminar el Consejo Fiscal, celebrado esa misma tarde.

En realidad, para más de una docena de veteranos fiscales del Supremo que instaron a García Ortiz a «reconsiderar» su postura, desde la razón, por respeto a la Carrera; y, para siete consejeros electos, de los doce que se sientan en el Consejo Fiscal, la dimisión es «inevitable».

Ni siquiera es suficiente, para todos ellos, que cumpla con su palabra de «asistir a menos actos» públicos y limitarse a los estrictamente necesarios desde un punto de vista institucional, como ofreció al 'generalato'. «Aun así, su presencia como imputado pondrá en un compromiso a quienes, dadas las circunstancias, no se sentirán cómodos en una fotografía oficial, por ejemplo», al lado de un fiscal general del Estado imputado, por primera vez en la historia de nuestra democracia.

Todavía está por determinar si García Ortiz designará un abogado particular, para su defensa, o recurrirá a los servicios de la Abogacía General del Estado.

Lo que «es seguro» es que, así las cosas, «ha quedado inhabilitado de facto» para firmar «o siquiera supervisar» los escritos que la Fiscalía, como parte, tendrá que presentar durante su propia causa. García Ortiz «tiene que abstenerse». En esto no parece haber discusión alguna, pero «¿puede hacerlo en favor de su inmediata subordinada?», la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde.

«¿Qué apariencia de imparcialidad puede tener la número dos del fiscal general [una vez imputado] para informar sobre los hechos por los que se le investiga?», se pregunta una buena parte de la Carrera. «¿Cómo va a actuar de forma neutral quien se debe, jerárquicamente, y sin intermediarios al cargo investigado, la misma que hace unos días instaba al Supremo a archivar el caso?», se plantean los fiscales.