El novio de Díaz Ayuso emprende una cruzada judicial contra el Gobierno para defender su derecho al honor

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la concejala madrileña Rita Maestre; las ministras de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y Vivienda, Isabel Rodríguez; el diputado José Zaragoza; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Justicia, Félix Bolaños; y el de Transformación Digital, Óscar López; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y la formación a la que pertenece; junto con Más Madrid, comparten el dudoso honor de ser los protagonistas de la decena de querellas y denuncias interpuestas por el novio de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, para defender su derecho al honor, a la imagen, a la intimidad y, por extensión, su inocencia.

El empresario Alberto González Amador ha iniciado una cruzada judicial para reclamar su condición de ciudadano particular frente a quienes le han señalado como «delincuente confeso», saltándose el derecho fundamental a la presunción de inocencia, recogido no solo en la Constitución sino, también, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y especialmente protegido en una Directiva comunitaria del Parlamento y el Consejo, del año 2016.

Aunque no todas las acciones legales se encuentran en el mismo punto —mientras la interpuesta por revelación de secretos contra el jefe de la Fiscalía ha sido admitida por el Supremo y se encuentra ya en fase de instrucción, las últimas presentadas tendrán que formalizarse tras resultar negativo el acto de conciliación previo—, ni todas tienen la misma naturaleza —unas son de carácter civil y otras, penal—, lo cierto es que sí responden a una estrategia común definida por el equipo de abogados que asesora a la pareja de la presidenta de Madrid.

El objetivo, según ha podido saber El Debate, pasa por salvaguardar los derechos de un ciudadano anónimo que se ha visto envuelto en una «notoria invasión de su privacidad» de manera «recurrente» en los últimos meses desde que se produjese la filtración de sus datos confidenciales en la nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid con la presunta connivencia del máximo titular del Ministerio Público.

Hasta ese momento, González Amador era un empresario español más, que hacía frente en Hacienda a una inspección administrativa tributaria, iniciada de oficio. Desde entonces, se ha visto envuelto en una polémica constante, en la que diferentes medios de comunicación han señalado la vivienda familiar en la que vive con su pareja y con sus hijos, han aireado sus negocios y le han puesto en el foco mediático de un culebrón que «tiene todos los ingredientes de una maniobra» del Gobierno «destinada a desestabilizar» a una rival política.

En un primer momento, y directamente vinculado con las informaciones divulgadas en el comunicado de la Fiscalía madrileña, González Amador se dirigió contra la ministra Isabel Rodríguez y la vicepresidenta primera María Jesús Montero, por contribuir en la presunta revelación de secretos.

Posteriormente, el empresario amplió el foco de su batalla en los tribunales contra quienes, tras difundirse la información protegida, alegaron una suerte de conexión de González con empresas beneficiadas por la privatización de la sanidad en Madrid. En total, González Amador habría exigido un montante total de 115.000 euros a los demandados iniciales. Sus abogados explicaron, en su momento, que los autores de semejantes afirmaciones tergiversaron hechos con el objetivo de incriminar a su pareja, la presidenta Díaz Ayuso en una presunta trama de corrupción con sede en la Puerta del Sol.

Ahora, tras varios meses de relativa calma, y coincidiendo con el sonoro revés recibido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por Pedro Sánchez —en su querella por prevaricación contra el juez Peinado que investiga a su mujer, Begoña Gómez—, el Gobierno ha vuelto a dirigir su interés a los asuntos del empresario al que han llamado «delincuente confeso», saltándose todos los estándares del respeto a la fundamental presunción de inocencia. En esta ocasión solicita una condena, además de indemnización de 150.000 euros, al mismísimo presidente del Ejecutivo y a su ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Según ha podido adelantar El Debate, no será la última hornada. Alberto González Amador parece dispuesto a demostrar que los representantes y cargos de los partidos políticos tienen, si cabe, una obligación mayor de protección de la que afecta a todos los españoles a la hora de «interpretar sentencias, autos y resoluciones judiciales o hablar de procedimientos en curso».