Las polémicas de García-Ortiz, el primer fiscal general imputado cuyo cese reclaman PP y Vox

Tras ser reprobado en el Senado el pasado mayo, a través de una iniciativa del PP que contó con el apoyo de Vox y la abstención de los socios independentistas de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrentaba este martes a la posibilidad de una nueva reprobación, esta vez en el Congreso. No obstante, los socios de Pedro Sánchez adelantaron en el turno de fijación de posiciones su 'no' a la propuesta de los populares.

Los populares registraron un texto reclamando su cese, «por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones», y Vox, por su parte, pedía incluir en esa iniciativa un punto para instar al Ejecutivo a adoptar las medidas para garantizar «la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia» y, además, en una moción de interpelación urgente, incluían varios puntos relativos a García Ortiz, entre ellos, uno donde pedían su destitución «inmediata» tras su imputación.

«En una democracia plena hay límites que nadie puede traspasar y menos que nadie quien tiene el mandato constitucional de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés general», defendió en el Pleno del Congreso la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que avisó que hoy el perjudicado de la filtración de datos es el novio de Isabel Díaz Ayuso, pero mañana puede ser cualquier otro, y denunció la «deriva antisistema» de los socialistas. El diputado de Vox, Emilio del Valle, señaló que García Ortiz ha colocado a la Fiscalía General del Estado «en una situación de patente subordinación a los intereses del Gobierno y con ello en el epicentro de toda clase de escándalos».

La decisión del Tribunal Supremo de imputarle por presunta revelación de secretos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le convierten en el primer fiscal general imputado de nuestra democracia, ha sido la última de una larga lista de polémicas que acumula el fiscal afín al Gobierno, que no ha tenido reparo en mostrar dicha afinidad con Pedro Sánchez, como se evidenció en la imagen que protagonizó con el presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez, durante la celebración por los diez años de reinado de Felipe VI.

Empezó siendo polémica su llegada al frente de la Fiscalía, puesto que, por primera vez, el Consejo General del Poder Judicial le consideraba «no idóneo» para ostentar el cargo. Siete de ocho vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces esgrimieron «su vinculación con el Poder Ejecutivo» como elemento que venía a comprometer su neutralidad. Como contó entonces El Debate, en el pronunciamiento de los magistrados pesó la anulación por parte del Tribunal Supremo del nombramiento llevado a cabo por García Ortiz a favor de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, donde el CGPJ veía «desviación de poder». Cabe recordar que el Alto Tribunal ha anulado en dos ocasiones el ascenso de Delgado.

También ha contado este periódico que el fiscal se ha negado hasta en tres ocasiones a promover un informe del Consejo Fiscal sobre la constitucionalidad de la ley amnistía, como pedía el Senado. Tanto fue así que una mayoría de los vocales que componen el Consejo Fiscal trasladaron en un escrito su «más profunda estupefacción y rechazo por el hecho de que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no solo no hubiera sido atendida, sino que se hubiera sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas».

Asimismo, otra de las actuaciones muy cuestionadas del titular del Ministerio Público fue su llamativo silencio ante las acusaciones de lawfare y los ataques a los jueces por parte de Junts. Una veintena de fiscales, en un escrito trasladando su rotundo rechazo a estos ataques vertidos, solicitaba al fiscal que procediera «sin más dilación al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales» y adoptara «las medidas y acciones legales» necesarias para «preservar la legalidad y la independencia de los tribunales».

Relacionado con la amnistía, García Ortiz, en contra del criterio de los fiscales del procés, trató de maniobrar para que se aplique este borrado penal al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, y no se le investigara por terrorismo en la causa de Tsunami Democratic.

Su escándalo más reciente ha sido la filtración de datos personales del novio de Díaz Ayuso, por lo que está imputado por el Supremo. El fiscal asumió públicamente «la responsabilidad última de la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid». Nota de la que, tras su imputación, aseguró que hizo para «desmentir un bulo». Pese a ello, se ha negado a dimitir, señalando que «la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo», dijo en un comunicado, y ha sido respaldado por el Gobierno y el propio presidente, que cree que la causa quedará en nada.