Ábalos engrosa la galería de imputados de Sánchez: mujer, hermano, fiscal general y ex número tres del PSOE

El PSOE respondió este jueves con aparente indiferencia a una decisión que Gobierno y oposición daban por descontada: la del Tribunal Supremo de imputar al exministro José Luis Ábalos. Será investigado por cuatro presuntos delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El PP y Vox se apresuraron a pedir la dimisión de Pedro Sánchez, con quien Ábalos lo fue todo en el PSOE y en el Gobierno y a quien el presidente le permitió casi todo. «Es de una gravedad extrema que el corrupto de la Moncloa aún no haya dimitido a día de hoy. No nos olvidamos. Corrupto y criminal», escribió el partido de Santiago Abascal en la red X. Fuentes del PP señalaron que la imputación de Ábalos lleva «a otra dimensión». «Y que se mencione su cargo orgánico en el auto del Supremo coloca al PSOE en el centro de la trama», añadieron.

Sin embargo, en el PSOE se hizo el silencio. Los socialistas consideran que el asunto está zanjado desde el momento en que el exministro fue desterrado de su grupo parlamentario en el Congreso y el partido le abrió un expediente que terminará con la expulsión de quien fuera su secretario de Organización.

La imputación del exnúmero dos de Sánchez se suma a las de su mujer, su hermano y el fiscal general del Estado. En el caso de Begoña Gómez, el presidente asegura que no hay «nada». «Es que llevamos ya casi un año con esto. Absoluta tranquilidad, porque donde no hay nada, nada se puede sacar», afirmó la semana pasada desde la India. El caso de Álvaro García Ortiz lo despacha diciendo que está imputado por «contar la verdad» y desmentir un bulo de la Comunidad de Madrid. Y del caso de su hermano ni siquiera habla.

Gómez está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y, desde la semana pasada, también apropiación indebida e intrusismo. Tendrá que declarar nuevamente ante el juez Juan Carlos Peinado el 18 de noviembre. Antes, el miércoles 13, está citada en una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

David Sánchez, por su parte, tiene una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal. Y el fiscal general del Estado está imputado en el Tribunal Supremo (ante el que está aforado) por un presunto delito de revelación de secretos, en el marco del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. La UCO registró el despacho de García Ortiz el mismo día de la tragedia de la DANA.

Preso de sus palabras

«No ha tenido la decencia política de por lo menos dimitir. La fortaleza de las instituciones democráticas depende en buena medida de la confianza que las personas que las ocupan susciten entre la ciudadanía», recriminó el propio Ábalos a Mariano Rajoy el 31 de mayo de 2018, en el discurso con el que el socialista defendió la moción de censura en contra del entonces presidente popular. Ahora es él el que se aferra a su escaño del Grupo Mixto, aun después de su imputación formal. Sabe que, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno, su escaño es un arma poderosa.

Los socialistas no creen que Ábalos pueda votar en contra de su partido, pero van a encontrarse con que tendrán que hacer números contando con él para sacar adelante la senda de estabilidad y los Presupuestos de 2025. Las cuentas anuales (los años que las hay) se aprueban a través de una ley ordinaria, lo que requiere mayoría simple. Es decir, más síes que noes en el Congreso. El PP, Vox y UPN suman un bloque del «no» de 171 escaños. Si los cuatro diputados de Podemos votaran a favor de los Presupuestos, el voto de Ábalos sería irrelevante. Pero si el partido de Ione Belarra se abstuviera, el exsecretario de Organización del PSOE sí tendría más que decir en la ecuación final.

De momento, este no ha dado la más mínima señal de que vaya a renunciar a su escaño. Hasta que no haya condena del Supremo, si la hay, no está obligado. El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez mantuvo su escaño estando imputado por atentado contra la autoridad. Incluso cuando el alto tribunal lo condenó a un mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Hasta que la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le retiró su condición de diputado en octubre de 2021, tras recibir un escrito del juez. El pasado mes de enero, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido anuló la condena que dejó a Rodríguez sin escaño.

Lo más inmediato es que Ábalos tendrá que decidir si declara motu proprio o espera a que el Supremo solicite el suplicatorio al Congreso para levantarle el fuero. Los diputados del PSOE, sus excompañeros de bancada, votarían a favor sin ningún género de duda.