Qué es el acuerdo de París que Vox denuncia en pleno debate sobre el cambio climático y ante la COP29

El partido de Santiago Abascal lleva este martes a la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a derogar todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente el Acuerdo de París, «por el impacto que ha tenido sobre el sector primario y la industria española». Precisamente esta semana se celebra la Cumbre del Clima COP29 en Bakú, Azerbaiyán, y se produce en un contexto de debate sobre el cambio climático tras las riadas que han provocado una tragedia en nuestro país.

Como recuerda Vox en su iniciativa, previo a ese Acuerdo de París se aprobó en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible la Agenda 2030, que definía 17 objetivos, con efectos para los sectores económicos y sociales. Y en esa línea se adoptó al poco dicho acuerdo, que -recalca el partido- establece medidas climáticas que «exigen una transformación en las estructuras económicas, sociales y energéticas de las naciones».

Se trata de un tratado internacional, vinculante para los 194 países firmantes, que se aprobó el 12 de diciembre de 2015 en la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (la COP21) en la capital francesa y entró en vigor en 2016. Como recoge el propio texto, tiene como objetivo «reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático».

Entre otras cosas, propone limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales, y para ello, se quiere conseguir «que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible». El acuerdo consta de 29 artículos, y está estipulado que se revisen y se actualicen los objetivos cada cinco años.

Las partes firmantes aceptan –entre otros puntos de los que se parte en el preámbulo– que «la adopción de estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles (...) es una contribución importante a los esfuerzos por hacer frente al cambio climático». Se recoge que los países «reconocen que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todos», en alusión a las administraciones locales, regionales, nacionales e internacionales; que los países desarrollados ayuden a los que están en desarrollo o que se adopten medidas para «mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático».

Para cumplir con dicho acuerdo, la Comisión Europea, con los votos de los populares y los socialistas, aprobó el Pacto Verde Europeo la pasada legislatura. Vox se opuso, y ahora sus efectos económicos, como ha contado El Debate, son uno de los ejes en los que se va a centrar su grupo, Patriots, que tiene una posición común sobre la necesidad de derogarlo. En el texto registrado en el Congreso, la formación de Abascal denuncia que este pacto, «bajo falsas premisas ideológicas, está destruyendo nuestro sector primario y la industria nacional», pese a que, además, tal como señala Vox, los cinco países más contaminantes a nivel global, entre ellos, China o EEUU, no son europeos.

A su vez, podría decirse que como ramificaciones o derivadas de este Pacto Verde se han impulsado varias normativas, entre las que Vox menciona la Estrategia de la Granja a la Mesa, que, como explica, prevé que para 2030 el 25 % de la superficie agrícola sea ecológica, o la Estrategia de Biodiversidad 2030, por la que se obliga a España a restaurar para ese año «al menos, el 20 % de las zonas terrestres y marítimas». «Ambas metas parecen estar dictadas por políticos que no conocen ni entienden los problemas del mundo rural y conllevarán la reducción de hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería», critica la formación. Todo ello acompañado de burocracia e impuestos «verdes», que dejan a nuestro sector primario en desventaja respecto a países de fuera de la UE.

Pero además el grupo parlamentario también alude a otra derivada de ese pacto, el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, que pretende «regenerar» el 30 % de los ecosistemas del territorio comunitario, y «obliga a los Estados miembros a transformar al menos 25.000 kilómetros de ríos en cauces libres para 2030». Es aquí donde entran las críticas que se han hecho a las políticas climáticas tras la DANA, porque en virtud de este reglamento y lo antes citado -denuncia Vox- «el Gobierno está procediendo a la destrucción de barreras fluviales», de infraestructuras hídricas. De ahí que, tras la catástrofe que ha asolado especialmente Valencia, el partido de Abascal haya vuelto a pedir en Bruselas derogar dicha norma.

Esta postura crítica de Vox ha supuesto que sus detractores le etiqueten como «negacionista» del cambio climático, como así lo repite el propio Pedro Sánchez. Sin embargo, el partido insiste en recalcar que lo que rechaza es el «fanatismo climático» del que -denuncia- deriva todo ese conjunto de normas y directivas.

Estos días se ha podido comprobar la postura opuesta que hay entre el Gobierno socialista y Vox en la cuestión climática. Pedro Sánchez volvió a sostener que «el cambio climático mata». «Lo estamos viendo, por desgracia», dijo. A lo que Santiago Abascal respondía en su declaración institucional: «Hoy hay muchas preguntas que tienen que responder: ¿por qué paralizaron las presas que estaban proyectadas y aprobadas en la zona que ahora ha padecido la tragedia? ¿Por qué no construyeron las infraestructuras hídricas proyectadas para paliar las riadas en una zona que las había padecido de manera dramática desde hace siglos?», preguntó. «Sabemos por qué: el fanatismo climático mata. Las políticas de Bruselas matan. La política de Pedro Sánchez mata», aseguró.