Montero mete al Gobierno en un callejón sin salida al empeñarse en sacar un paquete fiscal imposible

En casa del pobre, poco dura la alegría. El refrán se ajusta a lo que, este jueves, le sucedió al Gobierno con la mayoría parlamentaria más precaria y vacilante. Los socialistas estaban celebrando una doble victoria en el Pleno del Congreso -RTVE y Ley orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia- cuando se confirmó el fracaso de María Jesús Montero en la negociación de la reforma fiscal.

Por segunda vez en una semana, y sobre la bocina, el PSOE se vio obligado a desconvocar la Comisión de Hacienda en la que debía aprobarse el dictamen del proyecto de ley sobre el impuesto a las multinacionales; ante su incapacidad de concitar el apoyo del PNV y de Junts a la vez que el de ERC, Bildu y Podemos. Primero se iba a celebrar el lunes 11. Ese día quedó aplazada hasta este jueves. Y ahora la nueva fecha será el lunes 18 de noviembre, a las cinco de la tarde.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ganó unos días de margen después de una negociación agónica que la mantuvo toda la mañana pegada al teléfono. Y lo peor es que, por más que haya arañado cierto tiempo, el desenlace es imprevisible. Además, si no sale la reforma fiscal puede producirse un movimiento en cadena: ni senda de estabilidad ni Presupuestos Generales de 2025.

El problema radica en que el Gobierno se puso la soga al cuello cuando decidió aprovechar la transposición de una directiva europea (por tanto, de obligado cumplimiento) sobre ese impuesto a las multinacionales para envidar más y hacer un paquete fiscal más ambicioso. Pere hete aquí que se encontró con el problema de casi siempre: su heterogénea mayoría, en la que cohabitan formaciones con intereses ya no solo distintos, sino a veces también contrapuestos.

El Ejecutivo ha pretendido mantener negociaciones bilaterales a varias bandas y se le ha acabado cayendo todo el artesonado. Al menos, de momento. El 30 de octubre pactó con Junts y el PNV eliminar el impuesto temporal a las energéticas el 31 de diciembre y poner una caducidad de tres años al impuesto a la banca. Los partidos de izquierdas, incluido Sumar, pusieron el grito en el cielo.

El pasado lunes, los socialistas llegaron a un acuerdo con Yolanda Díaz para que Sumar apoyara la supresión del impuesto a las energéticas a cambio de mantener el impuesto a la banca e introducir otros sobre el diésel, los apartamentos turísticos y los bienes de lujo. Pero ERC, Bildu, Podemos y el BNG dieron el alto a las vicepresidentas Montero y Díaz: o impuesto a las energéticas, o nada.

Así llegó este jueves, con cruces de llamadas, conversaciones de pasillo e intentos in extremis de llegar a un acuerdo de mínimos que no llegó. A punto de cumplirse la hora en que debía comenzar la Comisión de Hacienda, el PP salió a pescar en el río revuelto: ofreció al Gobierno salvarle la votación, pero con una condición: si circunscribía esa votación solamente a la ley sobre el impuesto a las multinacionales, obligatoria al venir de la UE. Y aparcaba el resto del paquete fiscal, asumiendo así su derrota.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se apresuró a recomendarle a Montero que apartara de ella ese cáliz del PP, porque era «un regalo envenenado». Finalmente, la vicepresidenta primera optó por aplazar la Comisión de Hacienda para seguir negociando. Sin ninguna garantía de lograr la cuadratura de este círculo.