Covite pide pruebas de que los etarras que salen de la cárcel en tercer grado cumplen los requisitos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha pedido a la consejera socialista de Justicia del País Vasco, María Jesús San José, pruebas de su compromiso de mayor «información y transparencia» sobre las decisiones que se adoptan en torno a los presos de ETA, ya que «la decepción» del colectivo de víctimas del terrorismo acerca de la gestión de los terceros grados es «total».

Reprocha a la consejera socialista que su departamento está haciendo «exactamente igual que hizo el PNV con más de 60 terceros grados a etarras que están en la órbita de la izquierda abertzale, que les prohíbe arrepentirse».

Critica que las cartas manuscritas que se pide a los miembros de ETA, en las que «supuestamente expresan arrepentimiento y piden perdón a las víctimas» para que les concedan el tercer grado, «nunca trascienden al ámbito público ni a las familias de sus víctimas y los hechos siempre terminan desmintiendo las palabras», destaca la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, en un comunicado.

Y como muestra más evidente de esto, Covite pone el ejemplo del etarra Andoni Otegi, que obtuvo el tercer grado este lunes «puede estar sinceramente arrepentido» porque su ficha proporciona información «indicativa» de ello y además «no figura en las listas de Etxerat ni es exhibido como un héroe en los entornos y en los actos públicos de la izquierda abertzale».

No hace falta cambiar la ley

Covite ha incidido, por otra parte, que «no es necesario ningún cambio legislativo para exigir el arrepentimiento a los presos de ETA para progresar en grado, tal y como han empezado a deslizar desde la Consejería de Justicia y Derechos Humanos».

«La ley es muy clara: exige signos inequívocos de arrepentimiento para progresar en grado. Lo que nunca va a decir la ley es por qué medios se tiene que demostrar ese arrepentimiento ¿Dónde está escrito que la ley exija una carta manuscrita para acreditar el arrepentimiento? En ningún sitio», ha recalcado Ordóñez.

Añade que «una carta manuscrita que nunca se hace pública, mientras siguen vinculados a Sortu (partido principal de la coalición Bildu), será siempre una burla a este requisito legal». «Es un insulto a las víctimas que se nos pidan actos de fe en esas cartas», ha remarcado