Hazte Oír pide al juez que solicite al Supremo imputar a Santos Cerdán por el caso Ábalos

La acusación popular de Hazte Oír en el caso Ábalos ha solicitado al magistrado instructor que pida la imputación ante el Tribunal Supremo del secretario de Organización del PSOE y diputado, Santos Cerdán, «por su presunta implicación en una organización criminal y otros delitos investigados en la causa».

En un escrito, recogido por Europa Press, y que han presentado tras la declaración voluntaria del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, apunta que existen indicios de que Cerdán «mantenía una relación directa con los investigados José Luis Ábalos –exministro de Transportes– y Koldo García –quien fuera su asesor– desde al menos 2017».

Recuerda que los tres participaron entonces activamente junto al ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en La Rioja y, entiende que esto «demuestra una conexión previa y prolongada que refuerza la hipótesis de una actuación concertada en el tiempo».

Cabe recordar que en la declaración de De Aldama habría salido el nombre de Santos Cerdán como uno de los dirigentes que podría haber sido objeto de comisiones; 15.000 euros en un sobre. No obstante, ante ésta y otras acusaciones, el PSOE ya ha presentado una querella por injurias y calumnias.

Pero Hazte Oír explica que el testimonio del investigado Víctor de Aldama y los datos recopilados en la instrucción «señalan que Santos Cerdán habría conocido y posiblemente facilitado la comisión de actos ilícitos, beneficiándose de su posición de poder dentro del partido y su relación de confianza con personas clave en los hechos investigados».

«Su conocimiento de las actividades de Koldo García y José Luis Ábalos, junto con su implicación en reuniones y actividades vinculadas a los mismos, justifican la necesidad de profundizar en su posible participación en la presunta organización criminal», añade.

Y va a más porque subraya que De Aldama hizo referencia a la existencia de cupos en relación a Santos Cerdán, lo que «parece hacer referencia a una red organizada de reparto territorial de comisiones, lo que podría ser evidencia, por otra parte, de una vía de financiación ilegal del PSOE».

Otras diligencias

Por otro lado, esta plataforma también pide al juez que libre oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que «recoja toda la información necesaria» sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; su jefe de gabinete, Carlos Moreno Sánchez; el exministro de Sanidad Salvador Illa; la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado Dolores Delgado; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

También de la ministra de Defensa, Margarita Robles; la exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; y la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, todos ellos «como figuras clave en la declaración del investigado Víctor de Aldama» y por lo que consta en el informe de la UCO 211/2024 en relación al rescate por parte del Estado de la aerolínea Air Europa.

Con esta diligencia, la plataforma entiende que se puede lograr «conocer de manera más exhaustiva los otros posibles sujetos que intervinieron en la presunta organización criminal (...) así como conocer todos los vínculos que de la misma se derivarían con otros sujetos, instituciones públicas, ministerios o Presidencia del Gobierno».

Por otro lado, Hazte Oír pide al juez que acuerde una nueva declaración de De Aldama y que se haga como prueba preconstituida –válida para un futuro juicio oral– «dada la urgente necesidad de esclarecer información relevante que quedó pendiente en su declaración anterior».

Quiere así garantizar «que tal declaración pudiera tener valor procesal, en un eventual juicio oral, en caso de imposibilidad (por los riesgos de todos conocidos) de que el investigado pudiera declarar en tal juicio».

«Esta solicitud es urgente debido al grave peligro que enfrenta el investigado Aldama tras haber señalado públicamente a diversos altos cargos en su declaración inicial, lo que podría comprometer tanto su seguridad como la integridad de su testimonio», añade.