El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato
El Supremo cita a Lobato el viernes y le pide que aporte las «actas notariales» que registró
El magistrado instructor del Alto Tribunal también ha rechazado acordar la suspensión cautelar y provisional de García Ortiz como fiscal general del Estado
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado –instructor de la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz– ha citado como testigo al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, el próximo viernes 29 de noviembre a las 10:00 horas en una providencia que ha dictado este lunes.
El magistrado explica en su resolución –a la que ha tenido acceso El Debate– que acuerda esta citación a la vista de una información publicada hoy en relación con los hechos delictivos que se investigan sobre la filtración de los datos personales de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En consecuencia, indica que Lobato deberá aportar copia del «acta de manifestaciones notariales que, al parecer, realizó».
Por su parte, el líder de los socialistas madrileños ha insistido este lunes que desde la Moncloa se le envió un correo electrónico con datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ha descartado mostrar la conversación «privada» en la que se le remitió. Además, ha destacado que acudió a una notaria –por una «decisión propia»– a dejar constancia de la conversación de WhatsApp con Pilar Sánchez-Acera, actual jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.
Igualmente, el dirigente del PSOE ha subrayado que Sánchez-Acera es secretaria de Política Institucional de los socialistas madrileños desde hace tres años y que «una de sus labores habituales es la preparación de las sesiones de control», por lo que ha enmarcado en una «práctica habitual» que hablen sobre la actualidad política.
Además, el juez del Supremo ha dictado un auto en el que rechaza acordar la suspensión cautelar provisional de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y de María Pilar Rodríguez como fiscal jefe provincial de Madrid, que fue solicitada por las acusaciones de Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.